23 de abril de 2010

Huancahuari inicia recorrido por las provincias de Ayacucho


Diversas localidades del departamento de Ayacucho serán visitadas por la parlamentaria Juana Huancahuari en los que realizará actividades de fiscalización, inspección de obras, sostendrá reuniones de trabajo, asistirá como ponente a eventos y recogerá quejas y pedidos de la población.

“Es imperioso que podamos dedicar un tiempo en nuestras tareas legislativas para recorrer las diferentes localidades de nuestro departamento, conversando con la población para que sepa que hacemos nuestras sus demandas”, aseveró la congresista ayacuchana.

Huancahuari Páucar tiene previsto visitar el distrito de Laramate (Lucanas), ubicado en las cabezadas, para iniciar una reunión de trabajo con los pobladores y autoridades sobre el problema del agua y la nueva ley.

Así mismo, La legisladora participará del foro sobre “Recursos naturales, minería y comunidades campesinas”, que se desarrollará en el distrito de San Pedro de Lucanas, zona que acoge a cientos de trabajadores mineros artesanales.

Aquí, la congresista aprovechará la ocasión para entregar una computadora a la Asociación de criadores de alpacas y llamas (Acallda), obtenido gracias a una gestión con el Congreso de la República.

Querobamba es otro de los lugares señalados en el mapa en la que Huancahuari Páucar sostendrá una reunión de trabajo sobre el incremento de las concesiones mineras en la zona.

Continuando su recorrido de varios días, la parlamentaria visitará también las localidades de Hualla, Chuschi y Huamanga, lugares en donde entregará computadoras a algunas comunidades campesinas y organizaciones sociales.

Computadoras gestionadas ante el Congreso

Un lote de 15 computadoras personales serán entregadas a diversas comunidades y organizaciones sociales en las provincias de Fajardo, Vilcashuamán, Lucanas, Cangallo, Huanta y Huamanga, informó la parlamentaria Juana Huancahuari Páucar, gestora de la donación.

“Se trata de computadoras que el Congreso de la República da de baja para adquirir otras de mejores características para el trabajo parlamentario. Antes de obtenerlas, hemos verificado que se encuentren en buen estado y óptimo funcionamiento”, explicó.

La congresista Huancahuari precisó que en Ayacucho son muchas las comunidades y organizaciones sociales que aún no han incorporado a su trabajo diario las tecnologías de información y comunicación (TIC), por lo que debería existir un programa impulsado por el Estado para que accedan a estas herramientas modernas, incluido internet, y mejorar sus canales de comunicación interna y externa.

“Esperamos que esta donación, que ha contado con el apoyo del Congreso de la República, contribuya a reducir la brecha digital en las organizaciones”, agregó.

13 de abril de 2010

La quimera del oro de Madre de Dios

Por Róger Rumrrill

Los precios actuales del oro a nivel internacional, mil cien dólares la onza troy (34 gramos) ha convertido la extracción del oro aluvial en un quimera, en una ilusión económica como en la célebre historia de Charles Chaplin sobre los buscadores de oro.

La búsqueda y la extracción del oro es también una verdadera tragedia ambiental y social. Se dice que toda la Región de Madre de Dios está llena de oro. Es oro aluvial que ha sido arrastrado a lo largo de los siglos desde las cordilleras de Ananea y Carabaya y que ha quedado depositada en los suelos aluviales en las orillas de los ríos Madre de Dios, Huaypetue, Inambari, Colorado y otros ríos de la región.

LAS “FIEBRES DEL ORO”
En las últimas décadas se han producido varias “fiebres” de oro o ciclos, en función de los precios internacionales. Uno de esos ciclos o “fiebres” que empezó hace tres décadas fue el de Huaypetue. Hoy día Huaypetue es una enorme herida abierta sobre la naturaleza: ríos y quebradas contaminadas, bosques destruidos y miles de pobres que se embarcaron en la quimera del oro soñando con cambiar su suerte, pero sin lograrlo. Porque del ciclo del oro de Huaypetue sólo quedan algunos ricos, los patrones que controlaban a extracción y sobre todo los que tienen en sus manos el comercio internacional.

LA “FIEBRE” DE “DELTA” y “HUACAMAYO”
Si para producir la destrucción de Huaypetue fueron necesarios entre 20 a 30 años, el cataclismo ambiental de “Delta” y “Huacamayo” sólo ha requerido de 2 años. En ese breve lapso, se han arrasado 10 mil kilómetros cuadrados de naturaleza: suelos destruidos, bosques talados, aguas y suelos contaminados. El río Malinowski y sus afluentes están hoy en día envenenados.

LAS CIFRAS DE LA DESTRUCCIÓN
Un estudio efectuado por el R.P. Xavier Arbex de Morsier, de la Comisión de Pastoral Social y DDHH del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y entregado al suscrito el 12 de diciembre del 2008 y que fue inmediatamente trasladado al Ministerio del Ambiente, señala que las cifras de la destrucción son las siguientes:

-Desde los años 2007 y 2008 operan en “Delta” y “Huacamayo” 550 máquinas pesadas: cargadores frontales, retroexcavadoras y vosquetes.
-Entre 800 a 1000 motores para las “chupaderas”.
-150 dragas, grandes y pequeñas.
-Entre 40 a 70 TM de mercurio se utilizan cada año.
-A diario entran a la zona un promedio de 70 camiones cisternas llevando cada uno entre 3000 a 4000 galones de combustible.

Además de 1500 litros de aceite que se derraman en los suelos y las aguas.

Dos científicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que efectuaron hace un año un estudio sobre los efectos del mercurio en la salud humana, la fauna silvestre e ictiológica, concluyeron que la contaminación por mercurio excede en 20 veces el límite aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Madre de Dios.

LAS TERRIBLES CONDICIONES SOCIALES DEL TRABAJO MINERO
Se estima que la minera de Madre de Dios genera entre 15 a 20 mil puestos de trabajo directo y otros tantos puestos indirectos.

Pero las condiciones sociales del trabajo son inhumanas. Los peones trabajan día y noche en el lodo, “lama”, le dicen. Estos peones no están en ningún registro, ni menos figuran en una planilla. Si mueren por un accidente o cualquier otra causa, nadie reclama por ellos.

Buena parte de estos peones son requisitoriados que han llegado a “Delta” y “Huacamayo” huyendo de la justicia.

Hace poco, alguien hizo un registro de las prostitutas sólo de “Delta”: contó 200 menores de edad dedicadas al meretricio.

PRODUCCIÓN MINERA
Según fuentes de la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios, bajo la jefatura del Ing. Rony Pastor Velásquez, hay actualmente 2800 concesiones, sin contar las que están en trámite y las que han caducado.

De ese total, sólo 16 tienen estudios de impacto ambiental.

En el año 2007 se estimó, con información proporcionada por lo mineros, una producción de 20 TM de producción aurífera. Pero se calcula que por lo menos el 40 por ciento de la producción no se declara, lo que daría 28 toneladas.

LAS AUTORIDADES NUNCA HAN CUMPLIDO SUS FUNCIONES
De acuerdo al estudio del Padre Arbex, las autoridades tienen roles asignados con relación a la actividad minera. Pero no la cumplen.

Así, el Ministerio de Energía y Minas tiene que hacer cumplir las normas de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos y hacer respetar el catastro para evitar las explotaciones “salvajes”. No lo cumple porque no tiene personal ni presupuesto. El suscrito entrevistó el 2009 al Ing. Rony Pastor Velásquez sobre las acciones de Energía y Minas para controlar y formalizar la minería informal. Se mostró absolutamente impotente frente a los problemas: la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios sólo tenía una jefatura y una secretaria. “Sólo nos transfieren funciones, pero no nos trasfieren ni presupuesto ni personal”, me dijo.

El Ministerio de Salud debería controlar las emanaciones tóxicas del mercurio y sus efectos sobre las personas. No lo hace.

El Ministerio de Trabajo debería controlar las terribles condiciones laborales de “Delta” y “Huacamayo”. No lo hace.

Las ONGs ambientalistas tan activas en el tema de flora y fauna, guardan un cómplice silencio.

La Marina de Guerra debería controlar la “Franca Fiscal” (50 metros a cada lado de los ríos), los permisos de navegación, de transporte de sustancias tóxicas, los permisos de dragado. Pero casi nunca intervienen en la zona minera.

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Y LOS RESPONSABLES
1. El Estado nacional ha estado ausente en la solución del problema minero desde hace décadas.

2. Pero ha sido el gobierno de Alan García Pérez, con su política de privilegios a la minería que ha dejado que la bomba social y política de la minería supuestamente informal siga creciendo hasta su estallido trágico. La misma historia del “Baguazo”.

3. La minería aurífera de Madre de Dios está controlada por los grandes patrones de las dragas, el combustible y los dueños de los denuncios o cuadrículas. Un centenar de concesionarios de parcelas o cuadrículas con superficies de cientos y miles de hectáreas explotan a miles de mineros a los cuales “invitan” a trabajar en sus cuadrículas.

4. También del gran negocio de la minería aurífera participa la burocracia del Estado. Sobre todo funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que trafican con los denuncios.

5. El Decreto de Urgencia No. 12 que buscar ordenar y formalizar la minería artesanal de Madre de Dios es una respuesta tardía a los graves problemas ambientales, sociales y políticos de esta actividad. Si bien es cierto que el objetivo de formalización y ordenamiento de la minería aurífera informal es un objetivo necesario y urgente, pero el procedimiento de su redacción, formulación y aplicación es erróneo. En esta materia, el gobierno de Alan García Pérez, con una inconfesable vocación autoritaria, igual que con la Ley Forestal y de Fauna No. 1090 y todos los decretos legislativos llamados del “perro del hortelano”, no ha consultado con los actores sociales involucrados.

6. La reacción de los mineros en Chala, Arequipa, al Decreto de Urgencia No. 12, que el gobierno dice que es exclusivamente para Madre de Dios, se debe a que ellos temen que su aplicación se haga extensiva a todo el país.

Lima, 6 de abril del 2010

6 de abril de 2010

Huancahuari exige investigación en Congreso por muerte de mineros



6 de abril de 2010.- La parlamentaria nacionalista Juana Huancahuari Páucar demandó al Congreso la formación de una comisión investigadora sobre las circunstancias de la muerte de seis mineros artesanales a manos de la policía, el pasado 4 de abril, en la localidad de Chala.

“Hay una política sistemática del gobierno por responder con balas y provocación a los reclamos de la población, que ha ocasionado que en cada protesta la policía asesine a civiles”, aseveró.

“Es necesario que se detenga esta política represiva y asesina identificando a los responsables políticos de las muertes, a los que ordenan matar desde un escritorio y quienes hasta ahora viven en la impunidad disfrutando de un poder pasajero”, dijo.

Mientras tanto, los manifestantes apostados en Chala denunciaron que hasta ahora no se haya practicado la prueba de absorción atómica a ninguno de los policías que participó del desalojo, examen que hubiera permitido determinar quiénes utilizaron armas de fuego.

Huancahuari Páucar expresó sus condolencias a los familiares de los seis fallecidos, en especial, a los mineros de las minas de Luicho, en Páucar del Sara Sara (Ayacucho), por la muerte de los trabajadores Alejandro Barriga Llamoca (34) y Édgar Mitma Wilcarima (37).

Como se sabe, la medida de fuerza en Chala se ha retomado, luego de dos horas de tregua, en que se permitió el pase de vehículos. Asimismo, en el transcurso de la mañana se instalará una mesa de conversaciones entre el alcalde provincial de Caravelí, el congresista Pedro Santos, la policía nacional, la Defensoría del Pueblo y dirigentes mineros.

Finalmente, la parlamentaria ayacuchana lamentó que Alan García no se comporte al nivel de un estadista, cuyas declaraciones en este tema solo han servido para echar más leña al fuego.

DATOS.- Huancahuari Páucar integró una comisión investigadora del Congreso que investigó las muertes de campesinos durante el paro agrario de 2008, que halló responsabilidad directa por las muertes en el SOT3 Alberto Rodríguez Huamaní, además de señalar la responsabilidad política del ministro del Interior y del director de la Policía Nacional por encubrir el esclarecimiento de las investigaciones.

Advierten peligro de conflictos sociales en nueva ley


El Congreso aprobó una ley que generaría conflictos entre las municipalidades y las comunidades campesinas y nativas por el permiso y el cobro de extracción de materiales de canteras y de los cauces de ríos para obras de infraestructura, señaló la parlamentaria Juana Huancahuari.

La norma, que modifica la Ley 28221, permite a las municipalidades autorizar la extracción de materiales, a la que se añade la facultad de sancionar y de emitir ordenanzas que reglamenten el derecho por extracción, fijación y cobro del monto de las tasas.

Tal como fue aprobada, la norma no prevé la superposición entre el ámbito municipal y el de las comunidades, por lo que podría ocurrir que una municipalidad otorgue un derecho de extracción a una empresa en un río de uso comunal o en una cantera que se encuentre en territorio de una comunidad, señaló la parlamentaria Juana Huancahuari.

En la región Ayacucho, por ejemplo, existen muchos municipios cuyo ámbito territorial es el mismo que el de la comunidad, agregó.

La norma establece como causal de suspensión de la extracción cuando se contamine el medio ambiente o se afecte la propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, entre ellas las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, no considera el derecho de consulta previa que propuso la parlamentaria Juana Huancahuari, en caso de ocurrir estas superposiciones.

Las municipalidades deberían adecuar esta ley a sus realidades, respetando la propiedad colectiva de las comunidades, la cual es imprescriptible y se encuentra amparada en el Convenio 169, puntualizó la congresista.

Otra causal de suspensión de la extracción es cuando se impide la supervisión, fiscalización y/o control de la municipalidad, así como la invasión de área no autorizada o por no respetar la cantidad o tipo de extracción de material autorizado.

Por material de cantera se entiende aquellos que se usan para fines de construcción, tales como limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros.

Aprobada la ley por el Congreso, pasará en calidad de autógrafa al Presidente de la República para su promulgación.

5 de abril de 2010

Congreso debe aprobar ley de pequeña minería artesanal

El Pleno del Congreso de la República está en la obligación de aprobar el dictamen que modifica la ley de formalización de la pequeña minería y artesanal y evitar que ocurran más muertes, afirmó la congresista Juana Huancahuari.

El Parlamento ha tenido más de nueve meses para aprobar el dictamen Nº 2306, aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas, pero, como ocurrió en Bagua, legisla tardíamente cuando ya hay víctimas que lamentar, provenientes de los sectores sociales menos favorecidos, indicó.

Huancahuari Páucar dijo que la responsabilidad política por la muerte de seis mineros recae en la ineficiencia del ministro del Interior y el presidente Alan García, quien lleva durante su gobierno más de 40 civiles asesinados por la policía por reclamar sus derechos sociales.

Invocó al gobierno a despojarse de su soberbia para resolver de buena fe la demanda de los mineros artesanales y la instalación de una comisión de alto nivel.

“El gobierno se desentendió cuando le pidieron hace tiempo que derogue los decretos 012, 1010 y 1040, luego vino el paro que ha resultado catastrófico para la estabilidad del país. Ahora que está en sus manos, el gobierno insiste en poner condiciones para dialogar”, precisó.

La parlamentaria indicó que el gobierno carece de una política de diálogo y cultura de paz institucional, que hubiese permitido incorporar a todas las partes involucradas en este conflicto, para consultarlos, recoger sus propuestas y consensuar acuerdos.

De otro lado, Huancahuari Páucar reclamó que no se tenga en cuenta la propuesta del informe sobre las aguas de la región Madre de Dios, a cargo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, el cual recomienda prohibir el comercio y libre uso del mercurio, determinar las áreas de concesiones mineras en el marco de una zonificación ecológica y económica, empadronar a los mineros en forma asociativa y un monitoreo permanente de la calidad del agua de los ríos y las enfermedades de los mineros.