Congresista Huancahuari informa sobre seguimiento de proyectos de electrificación

Lima, 27 de julio de 2010.- Cuatro importantes proyectos de electrificación rural, tres de los cuales para el valle de los ríos Apurímac y Ene, fueron inspeccionados por el despacho de la congresista Juana Huancahuari junto a funcionarios del ministerio de Energía y Minas con miras a agilizar su ejecución.


Pequeño Sistema Eléctrico San Francisco
El “Pequeño Sistema Eléctrico San Francisco” (PSESF) se encuentra actualmente en ejecución de sus etapas II y III, cuyo ámbito de influencia abarca los distritos de Llochegua, Sivia, Anco, San Miguel, Ayna, Santa Rosa, Pangoa, Río Tambo, Kimbiri, Pichari y Vilcabamba, en las provincias de Huanta, La Mar, Satipo y La Convención.

La inspección in situ arrojó que las etapas II y III, a cargo del Consorcio Cáceres cuentan con un avance físico de 75% para un total de 78 y 83 comunidades respectivamente. Este consorcio, sin embargo, tiene problemas porque ya caducó el plazo contractual para culminar la obra y no ha sustentado debidamente su retraso. En la última reunión sostenida en la PCM, Cáceres se ha comprometido verbalmente a culminar la obra en octubre de este año.

La inspección en el VRAE sirvió para verificar la tarea de tres cuadrillas de trabajadores en Llochegua, Pichari y Sivia, que han reiniciado los trabajos de campo. Existen ya muchas localidades con obra concluida pero que no pueden obtener el servicio debido a que se tiene que concluir con el total de la obra en cada una de las etapas del proyecto.

Sistema Eléctrico Rural San Francisco IV Etapa
De otro lado, el Consorcio Perú está a cargo de la IV etapa del “Sistema Eléctrico Rural San Francisco IV Etapa”, con un alcance para 138 comunidades campesinas del VRAE.

La parlamentaria Huancahuari indicó que tras la inspección se verificó que se ha izado el poste para la línea primaria, tendido los cables y trasladado los postes, con un avance físico de ejecución de la obra de 45 por ciento.

El plazo de ejecución para este proyecto está previsto, según la contrata, hasta el mes de noviembre de 2010.

Sistema Eléctrico Rural (SER) Cangallo V Etapa
La creación y gestión del proyecto se inició formalmente el 28 de noviembre del 2008, a iniciativa de un grupo de dirigentes del valle del Sondondo, provincias de Lucanas y Víctor Fajardo, organizados en el Comité de Gestión Proyecto “SER Cangallo V Etapa”, y apoyados a través del despacho a solicitud de los interesados.

La ejecución del proyecto actualmente está a cargo de la empresa consultora “Consorcio Cangallo” y como unidad ejecutora figura el ministerio de Energía y Minas para la instalación de 151.55 km de Línea de Red Primaria y Secundaria, instalación de medidores a cada domicilio.

Según el contrato suscrito ya venció el plazo establecido (junio 2010) para que culmine la obra, que cuenta con un avance entre 75 y 90 por ciento. Comprende como beneficiarios a más de 15 mil habitantes, de 97 comunidades campesinas pertenecientes a los distritos de Cangallo, Chuschi, María Parado de Bellido, Los Morochucos, Paras, Totos, Chiara, Carapo, Aucará, Santiago de Lucanamarca, Morcolla, Canaria, Alcamenca, Apongo, Asquipata, Cayara, Huancaraylla, Vilcanchos, Accomarca, Carhuanca, Concepción, Huambalpa, Independencia, Saurama, Vilcashuamán y Vischongo.

El monto de financiamiento para la ejecución de esta importante obra asciende a 8’914,364.98 nuevos soles.

Informe de actividades realizadas por congresista Juana Huancahuari en su viaje por Ayacucho

Ayacucho, 23 de julio de 2010.- La legisladora Juana Huancahuari dio cuenta de las actividades realizadas en su viaje de representación durante esta semana por el interior de Ayacucho, siendo el que sigue para información de la ciudadanía:

El 18 de julio participó en calidad de invitada al II Encuentro Comunal Interdistrital en las alturas del cerro Ccewahuillca a la cual asistieron más de veinte comunidades pertenecientes a los distritos de Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa y Santo Tomás de Pata, que fue convocado por el Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de la zona. Entre los acuerdos figuran rechazar la minería que pone en peligro las fuentes de agua, apostar por proyectos forestales y culminar la titulación de tierras.

El 20 de julio asistió a una ceremonia protocolar en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, a cargo del alcalde Godofredo Alfaro, con la asistencia de las autoridades educativas, presidentes comunales, entre otros.

En Chilcayoc, Huancahuari Páucar recepcionó diversos pedidos por escrito para que su despacho pueda contribuir en la gestión de proyectos, en particular, de siete obras que cuentan con número de SNIP.

Por su parte, la congresista Huancahuari informó sobre el estado de las concesiones mineras en la provincia de Sucre que a la fecha asciende a 64,745 hectáreas.

Asimismo, este distrito tiene en trámite un pedido para que la comunidad de Chilcayoc retorne a su condición de zona rural, debido a que en su condición actual de zona urbana está impedida de acceder a diversos beneficios.

La congresista Huancahuari tomó conocimiento de un acta de asamblea de la comunidad de Chilcayoc en el cual acuerdan no firmar ningún contrato de constitución de servidumbre para que las empresas mineras desarrollen actividades en su territorio.

En Potongo, localidad de la provincia de Sucre, la parlamentaria constató la existencia de una serie de problemas derivados del conflicto socioambiental entre la comunidad campesina de Potongo, los mineros artesanales y las empresas mineras MISKI SAC y PUYUHUANE. Durante su estadía se realizaba una diligencia de verificación a cargo del fiscal mixto por una supuesta denuncia contra algunos miembros de la comunidad.

En el caserío de Chumbilla, distrito de Canaria en la provincia de Fajardo, la congresista Huancahuari recibió información sobre una denuncia formulada ante la Fiscalía de la Nación por uno de los lugareños contra la minera Catalina Huanca por incumplimiento de obligaciones sociales y del convenio por derecho de servidumbre, abuso, persecución de dirigentes, entre otros cargos.

Asimismo, se espera que la Fiscalía de Huancapi abra de oficio una investigación contra el comisario de Canaria, capitán Nelson Quiroz Medina por violación de libertad personal, abuso de autoridad, entre otros.

Finalmente, en Huancapi, capital de la provincia de Fajardo, pudo verificar que a raíz de la ordenanza municipal que declara la intangibilidad de la provincia para dar paso a un Plan de Acondicionamiento Territorial, se han logrado avances sustantivos en temas como la definición de las zonas arqueológicas con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura.

Asimismo, se ha podido levantar un registro de las fuentes de agua, de las zonas de producción ecológica, de aquellas en donde existe fauna y flora silvestre.

Comunidades de Vinchos, Pischa, Ticllas, Socos y Santo Tomás de Pata rechazan minería en sus territorios

ACUERDOS DEL II ENCUENTRO INTERDISTRITAL COMUNAL DE VINCHOS, SOCOS, SAN JOSÉ DE TICLLAS Y SANTIAGO DE PISCHA

Las comunidades campesinas pertenecientes a los distritos de San José de Ticllas, Vinchos, Socos, Santiago de Pischa y Santo Tomás de Pata (Huancavelica), acordamos no suscribir ningún contrato de servidumbre para que se realicen actividades mineras en nuestros territorios, porque representa una amenaza a la agricultura, ganadería y fuentes de agua.

Acordamos también impulsar el desarrollo alternativo interdistrital haciendo realidad la forestación y reforestación total en el cerro Ccewahuillca y los cerros colindantes con los distritos Vinchos, Socos y Ticllas.

Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional, acordamos concluir con el proceso de saneamiento físico y legal del territorio comunal, en particular, la titulación de tierras de las comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas.

El evento denominado II Encuentro Interdistrital Comunal Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, fue realizado en la cumbre del cerro Ccewahuillca, y contó con la asistencia de alrededor de 200 representantes así como de la congresista Juana Huancahuari.

La organización estuvo a cargo del Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de los distritos Vinchos, Socos y Ticcllas.Por Vinchos asistieron los representantes de las comunidades de Ñaupallaccta, Opancca, Antapuna, Hatunpampa, Itanayoc, Paccha, Choccyacc y Vinchos. Por Ticllas estuvieron presentes delegados de Campamento, Chullumpampa, Rumihuasi, Carmen Alto, Ticllas, Santa Rosa e Incapampa. Por el distrito de Santiago de Pischa, las comunidades de Atacocha, Molinos, Titimina, Cachi, Piwan. Por Socos, Maucallaccta, Yanayaco y Pucaloma, Luyanta, Cedro, gobierno local, entre otros.

Por el distrito huancavelicano de Santo Tomás de Pata asistieron delegados de las comunidades de Patallaccta. Los organizadores anunciaron que continuarán realizando eventos informativos y de capacitación en los distritos.

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Advierten negligencia en autoridades de Ayacucho por relave minero

La parlamentaria Juana Huancahuari emplazó a las autoridades de la región Ayacucho a actuar de inmediato ante las evidencias de sedimentos de relave minero en el río Cachi, tal como lo asegura el informe presentado por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiente (OEFA) ante el Congreso de la República.
“Las personas y animales afectados por beber agua de río en Huanta, han sido víctimas de la negligencia de las autoridades, porque no se ha previsto que desde el 25 de junio, más de 25,000 metros cúbicos de relave de la mina Caudalosa, en Huancavelica, pasarían por estos ríos hasta llegar al Mantaro”, indicó Huancahuari Páucar.

Walter García Arata, presidente del Consejo Directivo de OEFA, mostró una fotografía en la cual su equipo técnico registra la presencia de sedimentos en el río Cachi aguas arriba del puente Allccomachay, y aguas arriba con la confluencia del río Mantaro.

Huancahuari señaló que debieron actuar con prontitud las subgerencias de Defensa Civil y de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, así como la Dirección Regional de Salud, para prevenir daños y preservar la vida y salud de las personas, plantas y animales.

Para García Arata, la contaminación se habría expandido en más de 110 kilómetros, incluyendo suelos, flora, fauna y los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachimayo, Cachi y Mantaro.

Asimismo, la población ribereña habría sido la más afectada. Aun cuando no se tiene un estimado de las pérdidas económicas, se han registrado daños a la actividad agrícola, pecuaria, piscícola y pastizal.

Huancahuari Páucar indicó que solicitará las respectivos informes y conclusiones de este caso a las direcciones regionales competentes y solicitó al Ministerio Público que actúe de oficio para determinar el grado de responsabilidad de los actores involucrados.

DATOS.- Otra “catástrofe ambiental” por acción minera, fue la ocurrida en Choropampa, Cajamarca, tras el derrame de 51 kilos de mercurio líquido, que ha dejado varios muertos y cientos de personas afectadas.

Huancahuari: denuncias de las comunidades no deben caer en saco roto

Diversas y graves denuncias recogió la congresista Juana Huancahuari en los tres primeros días de su viaje de representación parlamentaria por las localidades de Chiquintirca, Tambo y anexos, en la provincia de La Mar.

En Chiquintirca (capital de Anco) existe la amenaza de que se concrete un paro de la población exigiendo el cumplimiento de los acuerdos por parte de Perú LNG, que hasta la fecha hace oídos sordos a sus reclamos.

Son varios meses en los que no existe una respuesta efectiva de las entidades del Estado, por lo que hago un llamado a los funcionarios a prestar mayor celeridad a este problema, indicó.

Anco posee en su jurisdicción 22,700 hectáreas con 41 denuncios mineros.

En Tambo, Juana Huancahuari pudo comprobar la preocupación de la comunidad de Usmay por la reversión de tierras a cargo de COFOPRI al Estado, donde se han revertido 1577 hectáreas comunales y solo se ha titulado 300 de manera individual para la comunidad.

Los comuneros reclaman que fueron inducidos a error por parte de funcionarios de Cofopri, y acordaron realizar distintas medidas para recuperar cuanto les pertenece. “Ya habíamos advertido de esta amenaza a las comunidades.

Posiblemente se haya revertido de manera irregular casi todo el territorio de Usmay a favor de un tercero”, indicó, “por lo que nos hemos comprometido con esta comunidad a hacer el seguimiento respectivo”, dijo la congresista.

Igual situación existiría en la Comunidad Chacco, Huiscata Baja, Huiscata Alta, Huito y en la zona denominada Tete Ccasa.

Asimismo, en Tambo, la parlamentaria comprobó la negativa de la población a la ejecución de proyectos mineros en sus territorios. “La laguna Apacheta es muy importante porque provee de agua potable a toda la zona y nadie nos garantiza que no será afectada por la minería”, señalaron los pobladores.

La minera Shampe posee 300 hectáreas de denuncios mineros muy cerca de la laguna. Los dirigentes de Tambo han presentado la oposición al petitorio minero y agregaron que seguirán hasta estar seguros que la minería irresponsable no prosperará en su localidad.

De otro lado, en San Miguel, asistió a una ceremonia de entrega de certificados para las víctimas de la violencia, y a la presentación del programa de apoyo a la gestión municipal de La Mar para proyectos de inversión y de administración, cuyo financiamiento proviene del Foniprel y de la Ong IFC.

De igual forma, la legisladora fue invitada por el alcalde provincial, Eloy Vila, para inaugurar el cementerio de Illaura, y también al acto de presentación de un proyecto de agua y desague para cuatro comunidades del distrito. Mañana la congresista visitará las localidades de Carhuaurán e Iquicha, en la provincia de Huanta.

Desbaratan argumentos de las observaciones a la Ley de Consulta

Publicado en Servindi, 1 de julio, 2010.- El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) elaboró un documento en el cual desmenuza y rebate los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo para observar la promulgación de la Ley de Consulta.

Luego de analizar cada uno de los razonamientos del gobierno el documento de trabajo de 18 páginas, divulgado ayer, concluye en que las observaciones “responden a un interés político de escaso análisis jurídico”. Destaca asimismo que el Estado se está colocando de manera opuesta a sus obligaciones internacionales y a la propia Constitución Política.

El documento elaborado por los abogados Hernán Coronado, Milagros Ortega e Ismael Vega, sostiene asimismo que existe una interpretación errónea sobre los derechos vede los pueblos indígenas cuando se cree que se le otorgan más privilegios y ventajas frente a otros sectores.

Al respecto afirma que el reconocimiento de sus derechos colectivos “constituye un elemento fundamental para que puedan participar y beneficiarse, como los demás ciudadanos”. El documento de análisis jurídico se agrega a un pronunciamiento suscrito por la misma institución el 25 de junio último, donde el CAAAP considera esencial que el Congreso de la República insista en aprobar la Ley del Derecho a la Consulta Previa “por insistencia”.

Tal hecho es considerado “un paso necesario para asegurar procesos democráticos, reducir y prevenir conflictos sociales y promover un Estado de Derecho inclusivo que es coherente con sus obligaciones internacionales, respecto de derechos de los pueblos indígenas”.

Acceda al documento con un clic en el siguiente enlace: CAAAP: Análisis a las Observaciones del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Consulta Previa aprobado por el Congreso de la República el 19 de mayo de 2010 (Archivo PDF, 18 páginas)

Pronunciamiento frente a la no promulgación de la Ley sobre el derecho a la Consulta Previa

La aprobación del Proyecto de Ley sobre Derecho a la Consulta Previa el pasado 19 de junio, por parte del Congreso de la República fue el resultado de un largo y difícil proceso no exento de tensiones y conflictos que dejó el lamentable saldo de 34 muertos, entre indígenas y policías, en la ciudad de Bagua. La aprobación de una Ley que respetaba los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT, mereció el reconocimiento de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil.
Lamentablemente, el Estado no promulgó la Ley y de esta manera se perdió la oportunidad de iniciar un cambio en las relaciones con los pueblos indígenas, marcadas históricamente por la discriminación y la exclusión.
Al observar y devolver la Ley sobre el Derecho a Consulta Previa, el Estado debilita la democracia y crea un nuevo escenario de tensión y conflicto con la sociedad civil especialmente con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Las observaciones del Poder Ejecutivo, se refieren entre otros aspectos a:
Un supuesto derecho a veto de las comunidades que en realidad el texto de la Ley aprobada no menciona. Lo que se establece, es que de no llegar al consentimiento, la decisión final es del Estado y este deberá justificarla y tomar las medidas necesarias para garantizar derechos de los pueblos indígenas.
El carácter no obligatorio de someter a consulta planes de desarrollo nacional. No considera que estos planes implican programas y proyectos de carácter regional y nacional que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas, y por lo tanto está obligado a consultarles, porque los intereses del gobierno o de privados no pueden estar por encima de los derechos de los pueblos.
El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
Se plantea que el diálogo y la consulta constituirían un obstáculo, al retrasar o detener el desarrollo del país. No se toma en cuenta que existe la obligación de Consultar y que este diálogo y participación de los pueblos es lo que le da legitimidad a los acuerdos y fortalece la democracia asegura un Estado de Derecho.
Se señala que no es necesario que sea la OTE la que se pronuncie en última instancia sobre la impugnación de la decisión del poder ejecutivo de desestimar la consulta a una organización o pueblo. Al respecto la Ley señala que los miembros de los pueblos deben tener protección contra la violación de sus derechos e iniciar procedimientos legales, este aspecto asimismo esta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.
Se pretende que el Estado tiene la capacidad para decidir quiénes son indígenas, cuando sólo tiene facultad para reconocer su existencia y guiarse por los parámetros y criterios establecidos por el Convenio 169 de la OIT.
La conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplica las disposiciones del mencionado convenio. La propia Constitución Peruana reconoce la existencia legal y personería jurídica de las comunidades campesinas y nativas.
Se pretende entender el territorio desde una lógica de derecho de propiedad occidental. Esto afecta la autonomía de los pueblos indígenas, el Estado no tiene la atribución para regular los usos y costumbres ni regular la organización u instituciones de los pueblos indígenas. Se vulnera el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas al pretender que una instancia estatal regule los usos y costumbres de estos pueblos y menos establecer formas de regular la organización propia de los pueblos indígenas.
El CAAAP considera fundamental que el Congreso de la República, haciendo uso de sus atribuciones, apruebe la Ley del Derecho a la Consulta Previa por insistencia, como un paso necesario para asegurar procesos democráticos, reducir y prevenir conflictos sociales y promover un Estado de Derecho inclusivo que es coherente con sus obligaciones internacionales, respecto de derechos de los pueblos indígenas.
Lima, 25 de junio de 2010.