Huancahuari: Pueblos indígenas encarnan un nuevo actor político y social que debe ser valorado

Lima, 3 de junio de 2010.- Los pueblos indígenas han realizado uno de los aportes más trascendentes en la historia republicana al demostrar al país que existen y que hacen valer sus derechos, aseguró la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari, en la víspera de la conmemoración por los trágicos sucesos de Bagua.

“A partir de Bagua, el Estado y la sociedad peruana saben que un nuevo actor político y social ha insurgido en el país y que deben cambiarse actitudes, procedimientos y leyes para garantizar una verdadera inclusión con prácticas interculturales de ambas partes”, sostuvo.

Huancahuari Páucar, quien confirmó su asistencia para mañana 5 de junio en la Curva del Diablo, consideró que la principal tarea del Estado es incorporar la visión de desarrollo de los pueblos indígenas en los destinos del país, la cual ha demostrado ser armónica con la madre naturaleza y racional en el cuidado del ecosistema en cualquiera de sus pisos altitudinales.

Sin embargo, señaló, existen algunos sectores interesados en acentuar la confrontación entre indígenas y no indígenas, y presentar a los primeros de violentistas y salvajes, cuando, en verdad, su lucha se enmarca en la justicia social, la paz y el buen vivir.

Huancahuari invocó a la Presidencia del Consejo de Ministros difundir entre sus funcionarios los contenidos del Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la nueva Ley de Consulta Previa.

Finalmente, precisó que en Bagua asistirá para expresar su solidaridad con la población y con los familiares de los nativos y policías caídos el año pasado.

Datos:
* Juana Huancahuari es una de las siete congresistas suspendidas el pasado 11 de junio de 2009, mientras exigían la derogatoria de varios decretos legislativos.

* Hasta hoy, el Perú carece de políticas públicas coherentes, articuladas y continuas para los pueblos indígenas.

* Un estudio de 2005, determinaba que entre el 25% y el 48% de los hogares en Perú se autodenominan indígenas. El estudio mencionado también permitió estimar por primera vez a la población indígena urbana: 36% de la población urbana en la costa y 50-57% de la población en las ciudades andinas se autodenomina indígena.

Ley de consulta aprueba el consentimiento entre el Estado y los pueblos

Lima, 19 de mayo de 2010.-La ley de consulta aprobada por el Pleno del Congreso dispone como objetivo lograr el consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, respecto no solo de medidas legislativas y administrativas sino también de planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

El Estado tiene la enorme responsabilidad de adecuar sus normas y adoptar mecanismos que garanticen el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, tras la aprobación de la ley de consulta por el Pleno del Congreso, indicó la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.

La nueva ley, aprobada en primera votación por 62 votos a favor, 7 en contra y seis abstenciones, y por unanimidad en segunda votación, deja pendientes vacíos que deberán ser regulados a través de un reglamento.

Por ejemplo, quedó pendiente precisar cuál será el organismo especializado en materia indígena que, en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, precisaba que era el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano (Indepa), y que tendría la función de asesorar y supervisar los procesos de consulta.

Asimismo, falta adecuar el Reglamento del Congreso para que se cree una Comisión Multipartidaria del Congreso que se encargue de realizar consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevea adoptar una ley que pudiera afectarlos directamente.

CAMBIAR LA MENTALIDAD DEL ESTADO
Huancahuari precisó que, no obstante, la tarea más importante será cambiar la actitud del Estado respecto de la visión y las formas de entender el desarrollo de los pueblos indígenas que no siempre es el mismo que pretende el Estado.

Es necesario vigilar que el Estado actúe en todos los casos de buena fe, que sea transparente en su accionar, y que su objetivo sea lograr el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas. Huancahuari saludó a las organizaciones amazónicas y campesinas, las cuales ahora poseen una nueva norma que dispone el cumplimiento de sus derechos a ser consultados.

La mayoría de parlamentarios resaltó la actuación del congresista Edgar Reymundo, quien sustentó el dictamen de Constitución, al recoger sabiamente las propuestas que fluyeron del debate y que se centraban en incluir el término “consentimiento” y retirar la oración sobre el no derecho a veto del artículo tres.
Ver expediente

Congreso aprueba Ley de Consulta

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que regula la Ley de Consulta Previa, que presentó la Comisión de Constitución con modificaciones efectuadas por los parlamentarios en el debate.

En esencia, el dictamen modifica el artículo 3, incluyendo el término consentimiento y retira la oración relacionada al no derecho de veto de los pueblos indígenas.

Votación
77 congresistas presente.
A favor: 62

En contra: 7

Abstenciones: 6

Juana Huancahuari se reúne con campesinos y mineros artesanales de San Pedro de Lucanas

Más de seiscientas personas recibieron con beneplácito a la congresista ayacuchana Juana Huancahuari en el distrito de San Pedro, provincia de Lucanas, adonde asistió el 27 de abril último para llevar a cabo el foro “Recursos naturales, comunidades campesinas y minería”.

En el campo deportivo del anexo San Antonio, del distrito de San Pedro, se dieron cita para recibir por primera vez a una congresista y escucharla disertar sobre temas que son propios de sus actividades cotidianas: las aguas y la nueva ley, la minería artesanal y los derechos colectivos de las comunidades campesinas frente a las industrias extractivas.
“Hemos tomado contacto con San Pedro y nos llevamos más de diez documentos de pedidos que son básicamente apoyo para perfiles técnicos de proyectos productivos, solicitudes de equipo multimedia para diversas instituciones educativas y quejas de abusos que estaría cometiendo una empresa minera transnacional”, manifestó la congresista Huancahuari.

Una de las principales preocupaciones de la población es el abuso que estaría cometiendo la minera brasileña Pellegrini, la cual estaría pagando sumas irrisorias a los mineros artesanales por el mineral extraído y que, además, habría amenazado a sus representantes.

Huancahuari Páucar estuvo el día anterior en el distrito de Laramate, en las cabezadas de Lucanas, para informar a la población y autoridades sobre su trabajo congresal. Asimismo, recogió documentación para gestionar en la capital del departamento.

“Comprobamos tanto en Laramate como aquí en San Pedro de Lucanas que la presencia del Estado es muy pobre y por eso la población recurre a nosotros para que canalicemos sus demandas largamente esperadas”, añadió.

Huancahuari Páucar, acompañada de parte de su equipo de trabajo, anunció que seguirá camino hacia Querobamba, capital de la provincia de Sucre, en la cual sostendrá reuniones de trabajo con distintas organizaciones sociales e instituciones, llevando siempre su palabra en defensa de los derechos de la población y las comunidades campesinas de Ayacucho.

En Querobamba se tiene previsto una exposición sobre la ley y el nuevo reglamento de Recursos Hídricos. En Puquio, la legisladora hizo entrega de una computadora a la Asociación de Criadores de Alpacas y Llamas (Acallda), que obtuvo gracias a las gestiones con el Congreso de la República.

Foro en el CAL sobre Declaración de Pueblos Indígenas

Invitación de Servindi. Ojo, obsequiarán materiales.

Estimado(a):

La organización internacional Oxfam América y Servicios en Comunicación Intercultural Servindi se complacen en invitarle a participar del Foro “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Participarán como expositores Mario Solari (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD), Dr. Magdiel Gonzales (ex miembro del Tribunal Constitucional), Pedro García-Hierro (abogado especialista), Alicia Abanto (Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo).

Además la vicepresidenta de AIDESEP, Daysi Zapata Fasabi, brindará un reconocimiento especial a la Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, por su labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Fecha: Jueves 18 de marzo de 2010.
Lugar: Auditorio del Colegio de Abogados de Lima (Av. Santa Cruz 255, Miraflores)
Hora: De 6:00 pm. a 8:30 pm.

A todos los asistentes se les obsequiará la Declaración de la ONU (versión de bolsillo), afiches y un CD con spots y sociodramas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

INGRESO LIBRE

Contacto:
Jean Paul Hemmerling
293-2643
9893-58651

Ley de Consulta Previa solucionaría conflictos socioambientales

El proyecto de consulta previa a los pueblos indígenas es una norma muy esperada por las comunidades, aseguró la congresista Juana Huancahuari, porque permitiría dar solución a las decenas de conflictos socioambientales que abundan en el país.

La representante por Ayacucho precisó que en la actualidad se han incrementado los conflictos por la presencia de mineras y petroleras debido a que el Estado no cumple con consultar a las comunidades campesinas y nativas si desean o no que se ejecuten proyectos en sus territorios.

El derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que les afectan, es uno de los postulados más importantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, que fue ratificado por el Perú en 1994, y a través del cual el Estado está obligado a adoptar mecanismos que contribuyan a su cumplimiento.

“Aun cuando el Convenio 169 es vinculante y no necesita de otra norma ni de un reglamento para aplicarse, el proceso de consulta previa requeriría cuando menos un marco legal nacional que garantice el diálogo, la inclusión y participación de los pueblos en las políticas públicas, con la intención de alcanzar el consentimiento de la población”, añadió.

El informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso sobre pueblos indígenas ha propuesto en sus recomendaciones la adecuación de normas y la adopción de mecanismos y políticas de inclusión con miras a implementar el proceso de consulta en todos los niveles de la administración pública, el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales.

Con la ley de consulta previa, el Estado y las empresas tomarán conocimiento de las verdaderas necesidades y puntos de vista de estos pueblos y pondrán mayor empeño en establecer el diálogo como medio para negociar beneficios mutuos y respetar sus decisiones, aseveró.

Huancahuari Páucar explicó que tanto el Convenio 169, que garantiza el derecho de consulta, como la Declaración de Naciones Unidas, que garantiza el consentimiento previo, libre e informado, son instrumentos que forman parte de una serie de derechos de los pueblos indígenas que se van adoptando y protegiendo a nivel internacional.

“El Estado peruano no puede caer en el anacronismo y aislarse del mundo con sus leyes antiindígenas, por el contrario, está en la obligación de aportar a esta tendencia de reconocimiento de derechos de las comunidades campesinas y nativas”, puntualizó.

Congresista Huancahuari advierte intención del gobierno para desplazar nativos y campesinos

Ejecutivo presenta modificación a Ley 28223 sobre desplazados

La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.

El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.

“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, anotó.

“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas, represas) los indígenas tendrán que irse a otro sitio.

Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.

Aun cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva y que ha intentado de muchas formas destruir a las comunidades con el único objetivo de beneficiar a los inversionistas privados

“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.

Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.

De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.

“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.

DATOS: El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.

En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.

En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.

En octubre de 2007, el gobierno presentó el proyecto 1640 que declaraba de "interés nacional" a 20 proyectos mineros, sin considerar que se superponían a áreas naturales protegidas ni a territorios comunales. Asimismo, en ese mismo año, el gobierno pretendió presentar un proyecto que recortaba 200 mil hectáreas al parque Bahuaja Sonene.

En estos momentos, el gobierno del presidente García está interesado en promover la construcción del proyecto Inambari, en el departamento de Madre de Dios, y de otros megaproyectos de infraestructura que comprende el IIRSA.

Prejuicio del Parlamento impide aprobación de Informe sobre Consulta Previa

La congresista ayacuchana Juana Huancahuari advirtió que algunas bancadas del Parlamento mantienen posiciones excluyentes con los pueblos indígenas y recurren al temor ideológico para negarse a aprobar el Informe que dispone una serie de recomendaciones orientadas a establecer el derecho de consulta previa como un instrumento de gestión estatal.

“Al igual que el Ejecutivo, el Congreso se niega a modificar su comportamiento hacia los pueblos originarios, a los que considera seres manipulados y sin conocimientos adecuados”, explicó.

“El acercamiento a la realidad indígena la hacen desde sus prejuicios políticos, partidarios, ideológicos, y no demuestran interés por establecer un diálogo intercultural, en el que se aborden soluciones bajo el respeto de sus diferencias y la convivencia social”, añadió.

“Por el contrario, la falta de interés en adoptar nuevos procedimientos parlamentarios que apunten a consultar a los pueblos sobre los proyectos de ley que les afecten, demuestra poco respeto hacia estas poblaciones y que no se quiere implementar una norma como el Convenio 169”.

Sobre los rumores de que alguna bancada parlamentaria habría propuesto que el Estado peruano denuncie el Convenio 169 y retire su firma de dicho tratado, la parlamentaria sostuvo que “ante la incapacidad para legislar a favor, se prefiere cometer un legicidio”.

“Es una torpeza proponer la anulación del convenio porque los pueblos indígenas ya han hecho suya tal norma, y la defenderán como han defendido su derecho a la tierra, al territorio y a la vida”, puntualizó.