En represalia a sus opiniones, la congresista Juana Huancahuari no solo ha recibido la sanción máxima estipulada en el Reglamento del Congreso, con 120 días legislativos de suspensión sin goce de haber, es decir, hasta el 15 de diciembre, sino que además, deberá afrontar una acusación constitucional, presentada por el Apra, por haber supuestamente ayudado a huir al líder amazónico Alberto Pizango. La acusación carece de sustento, porque Pizango no tenía orden de captura el día en que ocurrieron los hechos de Bagua y era en ese momento el vocero autorizado de los nativos ante el Gobierno. De igual forma, la suspensión ha incurrido en serios vicios: fue votada en ausencia de los congresistas, no se les permitió el uso de la defensa, la sanción no fue sustentada y no se han tipificado los hechos.
Tupanakuy llaqtanchik rayku(Encuentro por nuestro pueblo)
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30 de junio de 2009
Ayacucho desagravia a congresistas suspendidas
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