Ejecutivo presenta modificación a Ley 28223 sobre desplazados La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.
El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.
“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, anotó.
“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas, represas) los indígenas tendrán que irse a otro sitio.
Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.
Aun cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva y que ha intentado de muchas formas destruir a las comunidades con el único objetivo de beneficiar a los inversionistas privados
“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.
Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.
“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.
DATOS: El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.
En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.
En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.
En octubre de 2007, el gobierno presentó el proyecto 1640 que declaraba de "interés nacional" a 20 proyectos mineros, sin considerar que se superponían a áreas naturales protegidas ni a territorios comunales. Asimismo, en ese mismo año, el gobierno pretendió presentar un proyecto que recortaba 200 mil hectáreas al parque Bahuaja Sonene.
En estos momentos, el gobierno del presidente García está interesado en promover la construcción del proyecto Inambari, en el departamento de Madre de Dios, y de otros megaproyectos de infraestructura que comprende el IIRSA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario