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11 de junio de 2010

Gobierno profundizaría persecución a líderes indígenas con facultades para legislar en materia militar y policial


“Con la carta blanca otorgada por el Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional se agravaría el proceso de criminalización de la protesta social y la persecusión a líderes indígenas”, advirtió la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.

“La alianza oficialista (Apra, UN, fujimorismo) le ha dado facultades a un gobierno que carece de una política de diálogo seria y de buena fe con las comunidades, con 255 conflictos sociales en el mes de mayo, y 1500 dirigentes sociales con procesos judiciales, de los cuales casi 600 son líderes indígenas”, agregó.

En una votación ajustada, 43 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que en 60 días legisle sobre seguridad, empleo legítimo de la fuerza, defensa nacional, orden interno, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otros.La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad indispensable de dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo para los conflictos internos denominados “conflictos de tercera generación”, en el cual la autoridad del Estado es cuestionada por grupos organizados (Nicaragua, Guatemala y el Salvador).
A los decretos legislativos 982, 983, 988, 989 entre otros, promulgados en 2007, se suma ahora esta ley orientada a arrasar con los que se oponen a la política del “perro del hortelano” con miras a dejar el campo abierto para que la inversión privada pueda apropiarse de los recursos naturales.

Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), señaló que las organizaciones han planteado una demanda de inconstitucionalidad de los cuatro decretos legislativos del 2007.
“Los pueblos amazónicos y andinos somos objeto de persecusión mediante denuncias e incursiones policiales en nuestros territorios, con procesos judiciales que el sistema occidental nos impone, cuyos mecanismos desconocemos y que constituyen un eslabón más de la larga cadena que soportamos hace 517 años”. (Del folleto /La idea es perseguirlos, /de Aidesep y Conacami, marzo 2010)

3 de mayo de 2010

Juana Huancahuari se reúne con campesinos y mineros artesanales de San Pedro de Lucanas

Más de seiscientas personas recibieron con beneplácito a la congresista ayacuchana Juana Huancahuari en el distrito de San Pedro, provincia de Lucanas, adonde asistió el 27 de abril último para llevar a cabo el foro “Recursos naturales, comunidades campesinas y minería”.

En el campo deportivo del anexo San Antonio, del distrito de San Pedro, se dieron cita para recibir por primera vez a una congresista y escucharla disertar sobre temas que son propios de sus actividades cotidianas: las aguas y la nueva ley, la minería artesanal y los derechos colectivos de las comunidades campesinas frente a las industrias extractivas.
“Hemos tomado contacto con San Pedro y nos llevamos más de diez documentos de pedidos que son básicamente apoyo para perfiles técnicos de proyectos productivos, solicitudes de equipo multimedia para diversas instituciones educativas y quejas de abusos que estaría cometiendo una empresa minera transnacional”, manifestó la congresista Huancahuari.

Una de las principales preocupaciones de la población es el abuso que estaría cometiendo la minera brasileña Pellegrini, la cual estaría pagando sumas irrisorias a los mineros artesanales por el mineral extraído y que, además, habría amenazado a sus representantes.

Huancahuari Páucar estuvo el día anterior en el distrito de Laramate, en las cabezadas de Lucanas, para informar a la población y autoridades sobre su trabajo congresal. Asimismo, recogió documentación para gestionar en la capital del departamento.

“Comprobamos tanto en Laramate como aquí en San Pedro de Lucanas que la presencia del Estado es muy pobre y por eso la población recurre a nosotros para que canalicemos sus demandas largamente esperadas”, añadió.

Huancahuari Páucar, acompañada de parte de su equipo de trabajo, anunció que seguirá camino hacia Querobamba, capital de la provincia de Sucre, en la cual sostendrá reuniones de trabajo con distintas organizaciones sociales e instituciones, llevando siempre su palabra en defensa de los derechos de la población y las comunidades campesinas de Ayacucho.

En Querobamba se tiene previsto una exposición sobre la ley y el nuevo reglamento de Recursos Hídricos. En Puquio, la legisladora hizo entrega de una computadora a la Asociación de Criadores de Alpacas y Llamas (Acallda), que obtuvo gracias a las gestiones con el Congreso de la República.

23 de abril de 2010

Huancahuari inicia recorrido por las provincias de Ayacucho


Diversas localidades del departamento de Ayacucho serán visitadas por la parlamentaria Juana Huancahuari en los que realizará actividades de fiscalización, inspección de obras, sostendrá reuniones de trabajo, asistirá como ponente a eventos y recogerá quejas y pedidos de la población.

“Es imperioso que podamos dedicar un tiempo en nuestras tareas legislativas para recorrer las diferentes localidades de nuestro departamento, conversando con la población para que sepa que hacemos nuestras sus demandas”, aseveró la congresista ayacuchana.

Huancahuari Páucar tiene previsto visitar el distrito de Laramate (Lucanas), ubicado en las cabezadas, para iniciar una reunión de trabajo con los pobladores y autoridades sobre el problema del agua y la nueva ley.

Así mismo, La legisladora participará del foro sobre “Recursos naturales, minería y comunidades campesinas”, que se desarrollará en el distrito de San Pedro de Lucanas, zona que acoge a cientos de trabajadores mineros artesanales.

Aquí, la congresista aprovechará la ocasión para entregar una computadora a la Asociación de criadores de alpacas y llamas (Acallda), obtenido gracias a una gestión con el Congreso de la República.

Querobamba es otro de los lugares señalados en el mapa en la que Huancahuari Páucar sostendrá una reunión de trabajo sobre el incremento de las concesiones mineras en la zona.

Continuando su recorrido de varios días, la parlamentaria visitará también las localidades de Hualla, Chuschi y Huamanga, lugares en donde entregará computadoras a algunas comunidades campesinas y organizaciones sociales.

Computadoras gestionadas ante el Congreso

Un lote de 15 computadoras personales serán entregadas a diversas comunidades y organizaciones sociales en las provincias de Fajardo, Vilcashuamán, Lucanas, Cangallo, Huanta y Huamanga, informó la parlamentaria Juana Huancahuari Páucar, gestora de la donación.

“Se trata de computadoras que el Congreso de la República da de baja para adquirir otras de mejores características para el trabajo parlamentario. Antes de obtenerlas, hemos verificado que se encuentren en buen estado y óptimo funcionamiento”, explicó.

La congresista Huancahuari precisó que en Ayacucho son muchas las comunidades y organizaciones sociales que aún no han incorporado a su trabajo diario las tecnologías de información y comunicación (TIC), por lo que debería existir un programa impulsado por el Estado para que accedan a estas herramientas modernas, incluido internet, y mejorar sus canales de comunicación interna y externa.

“Esperamos que esta donación, que ha contado con el apoyo del Congreso de la República, contribuya a reducir la brecha digital en las organizaciones”, agregó.

5 de abril de 2010

Congreso debe aprobar ley de pequeña minería artesanal

El Pleno del Congreso de la República está en la obligación de aprobar el dictamen que modifica la ley de formalización de la pequeña minería y artesanal y evitar que ocurran más muertes, afirmó la congresista Juana Huancahuari.

El Parlamento ha tenido más de nueve meses para aprobar el dictamen Nº 2306, aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas, pero, como ocurrió en Bagua, legisla tardíamente cuando ya hay víctimas que lamentar, provenientes de los sectores sociales menos favorecidos, indicó.

Huancahuari Páucar dijo que la responsabilidad política por la muerte de seis mineros recae en la ineficiencia del ministro del Interior y el presidente Alan García, quien lleva durante su gobierno más de 40 civiles asesinados por la policía por reclamar sus derechos sociales.

Invocó al gobierno a despojarse de su soberbia para resolver de buena fe la demanda de los mineros artesanales y la instalación de una comisión de alto nivel.

“El gobierno se desentendió cuando le pidieron hace tiempo que derogue los decretos 012, 1010 y 1040, luego vino el paro que ha resultado catastrófico para la estabilidad del país. Ahora que está en sus manos, el gobierno insiste en poner condiciones para dialogar”, precisó.

La parlamentaria indicó que el gobierno carece de una política de diálogo y cultura de paz institucional, que hubiese permitido incorporar a todas las partes involucradas en este conflicto, para consultarlos, recoger sus propuestas y consensuar acuerdos.

De otro lado, Huancahuari Páucar reclamó que no se tenga en cuenta la propuesta del informe sobre las aguas de la región Madre de Dios, a cargo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, el cual recomienda prohibir el comercio y libre uso del mercurio, determinar las áreas de concesiones mineras en el marco de una zonificación ecológica y económica, empadronar a los mineros en forma asociativa y un monitoreo permanente de la calidad del agua de los ríos y las enfermedades de los mineros.

29 de marzo de 2010

Indígenas luchan en defensa de la Madre Tierra y de su organización colectiva

Por Hugo Blanco


La población indígena de América viene luchando desde hace más de 500 años en defensa del medio ambiente y de su organización social colectiva. Con la embestida del neoliberalismo, tanto a la naturaleza como a su organización, esa lucha se ha agudizado.

En todos los países donde existe población indígena, ésta viene luchando fuertemente en defensa de la Madre Tierra, contra los ataques de empresas petroleras, mineras, madereras, etc. También la agroindustria es enemiga del suelo y de la población, pues mata el suelo con el monocultivo y el uso de agroquímicos, superexplota a sus trabajadores y en general produce para la exportación, entre otras cosas, biocombustibles para alimentar a los carros. Otro ataque es la construcción de represas, hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras, etc., para servir a las empresas dañando a los pobladores.

La masacre de alrededor de 200 (la cifra oficial es 10) nativos amazónicos peruanos en Bagua, cuyos cadáveres fueron incinerados por la represión, causó indignación internacional. También hay triunfos, como el de Tambogrande que impidió a la empresa canadiense Manhatan extraer el oro que se encuentra bajo la población. En Chile, el gobierno “socialista” reprimió a los mapuches que defiende la Madre Tierra con leyes de Pinochet. En Argentina, Andalgalá y otros pueblos luchan valientemente en defensa del medio ambiente. De Guatemala informan que cientos de miles de indígenas luchan contra la legislación sobre minería. En EEUU, los indígenas se oponen a la minería de uranio que daña a “La gran abuela” (el Cañón del Colorado). En Columbia Británica, Canadá, los indígenas luchan contra la irrupción de construcciones en su territorio para las olimpiadas de invierno.

El ataque del gran capital no es sólo contra el medio ambiente. Sabiendo que la organización colectiva es el arma de defensa de los indígenas, también a ella van dirigidos los ataques. La legislación anti-comunidad indígena fue casi simultánea en México y Perú. Los decretos ley anti-indígenas del presidente peruano son contra el medio ambiente y contra la comunidad indígena.

Precisamente esto refuerza la construcción del poder colectivo indígena.
El ejemplo más avanzado de la lucha indígena por construir su poder autónomo es el de la zona liberada de Chiapas, México. Quien gobierna es la colectividad, eligiendo las autoridades sin que se presenten candidatos. Los miembros de los cuerpos colectivos elegidos, no ganan sueldo por esa función y pueden ser removidos en cualquier momento. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) resguarda a la población de esa zona del ataque gubernamental, sus miembros están impedidos de participar de los organismos de gobierno. Ahí funciona una verdadera democracia. Desgraciadamente esta palabra ha sido tan prostituida desde que nació para denominar la dictadura de los machos griegos contra las mujeres y los esclavos, hasta la denominación actual de los gobiernos del gran capital contra la mayoría de la población, que me cuesta usar ese término. Chiapas es el caso más avanzado pero no el único.

En Cauca, Colombia, según palabras de Raúl Zibechi. “Se trata de 14 resguardos que ocupan unas 191 mil hectáreas (…) en los que viven 110 mil personas (…). En total son 25 mil familias distribuidas en 304 veredas o comunidades rurales (…). En esos territorios existen 18 cabildos, autoridad política indígena que convive con los municipios del Estado colombiano. Los cabildos son administrados por gobernadores nombrados por grandes asambleas y acompañados por alguaciles elegidos en cada una de las veredas. El cabildo, es un poder territorializado que debe convivir con otros poderes que pugnan por reducir su influencia: básicamente, militares y guerrilla.”

En Ecuador, fueron los indígenas con sus manifestaciones multitudinarias quienes aplastaron las actitudes obstruccionistas de la derecha, entre ellas la pretensión mediante el Parlamento, de impedir la realización de la Asamblea Constituyente. Los indígenas afianzaron el gobierno de Correa. Ahora ellos se alzan frente a Correa defendiendo sus territorios del daño que produce la extracción de petróleo, además dicen que la ley de aguas les arrebata derechos, la disputa se extiende al terreno educativo pues exigen ser ellos quienes nombren a los maestros en su territorio e impiden el ingreso de agentes gubernamentales que pretenden entrar para dividirlos. Argumentan, con toda razón, que aplican la nueva constitución ecuatoriana, que reconoce que Ecuador es un estado plurinacional. Esto refuerza la construcción de un poder democrático autónomo. En Bolivia, donde las elecciones todavía son al viejo estilo que no es democrático y donde a los indígenas sólo les corresponde una ínfima minoría de representantes, hace pocos días los indígenas de Beni eligieron al estilo indígena, por consenso, a dichos representantes.

En Honduras, del 12 al 14 de este mes, se realizó el “II Encuentro Nacional por la Refundación de Honduras”, al que concurrieron más de mil delegados.

El principal pivote organizativo fue el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Fueron los indígenas quienes alimentaron a los asistentes. “No traen lo que les sobra; traen lo que tienen”, dijo la dirigenta Berta Cáceres, cuando llegaban hombres y mujeres de las comunidades con bolsas de maíz, frijoles, café y frutas, para la cocina colectiva. Berta, en nombre de la organización indígena, insistió en que, puesto que en Honduras no existe un gobierno legítimo, el pueblo debe elegir desde la base, sus autoridades.

En el Perú, la masacre del 5 de junio en Bagua reforzó el poder indígena de varias poblaciones amazónicas que tienen puestos de control de quiénes entran a sus territorios y hay comisarías sin policías, quienes temen volver a ellas.

En la sierra, las “rondas campesinas”, organizaciones de autodefensa contra los ladrones de ganado y de justicia interna, surgidas a raíz de la corrupción de jueces y policías, en un principio fueron perseguidas por el sistema, pero ante su multiplicación, tuvieron que reconocerlas legalmente y darles facultades para el ejercicio de justicia a nivel inferior.

Donde hay poblaciones indígenas, ellas tienen organización comunal, más o menos democrática, con mayor o menor fuerza frente a las autoridades del sistema.

TAREA DE LOS REVOLUCIONARIOS
La lucha contra el capitalismo por ser un sistema injusto tiene más de cien años, los revolucionarios de mi tiempo pensábamos que si nosotros no alcanzábamos a derribarlo, lo harían las generaciones futuras.

Ahora vemos que eso es falso: Si las actuales generaciones no derribamos al capitalismo, éste, con su ataque a la naturaleza, exterminará la especie humana, mejor dicho, ya comenzó a exterminarla, fundamentalmente con el calentamiento global producido por la emisión de gases de invernadero: En mi región, Cusco, ya hubo decenas de muertos por los aluviones producidos por el calentamiento. Una isla de la bahía de Bengala desapareció bajo el agua. El huracán Katrina mató mucha gente en Estados Unidos, En África tienen que caminar kilómetros para conseguir agua. El invierno pasado fue excesivamente frío en Europa, hubo muertos. Un río de lodo atravesó una ciudad italiana. En Granada, España y en Buenos Aires, la gente caminó por las calles con el agua encima de las rodillas. Como vimos más arriba, el calentamiento global no es más que uno de los ataques del capitalismo a la naturaleza, y por lo tanto a la supervivencia de la humanidad. Hay muchos consejos de acciones contra el calentamiento, por ejemplo, usar lámparas fluorescentes, pero aunque todo el mundo lo hiciera, eso no va a detener el calentamiento global, puesto que éste y todas las otras formas de deterioro del medio ambiente son inherentes al sistema capitalista cuyo mandamiento sagrado ordena a las compañías multinacionales ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Hay leyes de protección del medio ambiente, pero otra de las normas del sistema es que con dinero se derrumba cualquier ley.

Si un capitalista por razones morales deja de implantar una industria contaminadora, esa no es una solución, pues la vorágine del mercado hará que otro capitalista ocupe su lugar.

El único remedio posible para frenar el calentamiento global y todo el deterioro de la naturaleza es acabar con el capitalismo. Es cierto lo que voceaban 100,000 personas en Copenhague: “Cambiemos el sistema, no el clima”.

Hago una invocación a quienes luchan por una sociedad más justa, llámense marxistas, libertarios o lo que sea, a que nos ubiquemos en la nueva realidad.

Hagamos un giro en la denuncia al capitalismo, ahora fundamentalmente debemos concentrarla en que a través del ataque a la naturaleza está exterminando nuestra especie, esto es mucho más grave que su explotación a la clase obrera o el saqueo de nuestras riquezas.

También les hago un llamado a que vean lo que está sucediendo: Las poblaciones indígenas, calificadas como las menos civilizadas, están en la primera fila en la defensa de la naturaleza y por lo tanto de la supervivencia de la especie.

Esas poblaciones, hoy día, aún aplastados por el capitalismo, están construyendo el tipo de organización social por el que nosotros luchamos. Para decirlo en las palabras del Sub: “No se trata de tomar el poder, sino de construirlo”.

Si ven esto comprenderán que una tarea fundamental de los revolucionarios anticapitalistas, debe ser la solidaridad con las luchas indígenas en defensa de la naturaleza y en la construcción de la nueva sociedad.

Marzo del 2010

24 de febrero de 2010

Congresista Huancahuari advierte intención del gobierno para desplazar nativos y campesinos

Ejecutivo presenta modificación a Ley 28223 sobre desplazados

La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.

El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.

“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, anotó.

“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas, represas) los indígenas tendrán que irse a otro sitio.

Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.

Aun cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva y que ha intentado de muchas formas destruir a las comunidades con el único objetivo de beneficiar a los inversionistas privados

“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.

Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.

De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.

“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.

DATOS: El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.

En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.

En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.

En octubre de 2007, el gobierno presentó el proyecto 1640 que declaraba de "interés nacional" a 20 proyectos mineros, sin considerar que se superponían a áreas naturales protegidas ni a territorios comunales. Asimismo, en ese mismo año, el gobierno pretendió presentar un proyecto que recortaba 200 mil hectáreas al parque Bahuaja Sonene.

En estos momentos, el gobierno del presidente García está interesado en promover la construcción del proyecto Inambari, en el departamento de Madre de Dios, y de otros megaproyectos de infraestructura que comprende el IIRSA.