Tupanakuy llaqtanchik rayku(Encuentro por nuestro pueblo)
8 de marzo de 2011
Hojas de Vida de los candidatos al Congreso por Ayacucho
1 de febrero de 2011
Relave de Catalina Huanca sí habría colapsado
5 de noviembre de 2010
Congresista Huancahuari presenta proyectos para colegios emblemáticos
20 de octubre de 2010
Gran Festival por el Día de la Canción Ayacuchana
Sábado 6 de noviembre, 2 de la tarde, Club Unión Huancarama, Av. Pirámide del Sol 950, Zárate, San Juan de Lurigancho.
¿Quiénes participan?
6 de septiembre de 2010
Denuncian por abuso a fiscal de Fajardo
Sinforosa Paredes Huamán, vicepresidenta de la asociación de posesionarios, manifestó que el día 25 de agosto pasado, el fiscal Infanzón Castro llegó a Chumbilla al atardecer con cuatro personas para obligarlos a firmar un acta, bajo amenazas y de forma prepotente.
27 de julio de 2010
Informe de actividades realizadas por congresista Juana Huancahuari en su viaje por Ayacucho
Ayacucho, 23 de julio de 2010.- La legisladora Juana Huancahuari dio cuenta de las actividades realizadas en su viaje de representación durante esta semana por el interior de Ayacucho, siendo el que sigue para información de la ciudadanía:El 18 de julio participó en calidad de invitada al II Encuentro Comunal Interdistrital en las alturas del cerro Ccewahuillca a la cual asistieron más de veinte comunidades pertenecientes a los distritos de Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa y Santo Tomás de Pata, que fue convocado por el Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de la zona. Entre los acuerdos figuran rechazar la minería que pone en peligro las fuentes de agua, apostar por proyectos forestales y culminar la titulación de tierras.
El 20 de julio asistió a una ceremonia protocolar en el distrito de Chilcayoc, provincia de Sucre, a cargo del alcalde Godofredo Alfaro, con la asistencia de las autoridades educativas, presidentes comunales, entre otros.
En Chilcayoc, Huancahuari Páucar recepcionó diversos pedidos por escrito para que su despacho pueda contribuir en la gestión de proyectos, en particular, de siete obras que cuentan con número de SNIP.
Por su parte, la congresista Huancahuari informó sobre el estado de las concesiones mineras en la provincia de Sucre que a la fecha asciende a 64,745 hectáreas.
Asimismo, este distrito tiene en trámite un pedido para que la comunidad de Chilcayoc retorne a su condición de zona rural, debido a que en su condición actual de zona urbana está impedida de acceder a diversos beneficios.
La congresista Huancahuari tomó conocimiento de un acta de asamblea de la comunidad de Chilcayoc en el cual acuerdan no firmar ningún contrato de constitución de servidumbre para que las empresas mineras desarrollen actividades en su territorio.
En Potongo, localidad de la provincia de Sucre, la parlamentaria constató la existencia de una serie de problemas derivados del conflicto socioambiental entre la comunidad campesina de Potongo, los mineros artesanales y las empresas mineras MISKI SAC y PUYUHUANE. Durante su estadía se realizaba una diligencia de verificación a cargo del fiscal mixto por una supuesta denuncia contra algunos miembros de la comunidad.
En el caserío de Chumbilla, distrito de Canaria en la provincia de Fajardo, la congresista Huancahuari recibió información sobre una denuncia formulada ante la Fiscalía de la Nación por uno de los lugareños contra la minera Catalina Huanca por incumplimiento de obligaciones sociales y del convenio por derecho de servidumbre, abuso, persecución de dirigentes, entre otros cargos.
Asimismo, se espera que la Fiscalía de Huancapi abra de oficio una investigación contra el comisario de Canaria, capitán Nelson Quiroz Medina por violación de libertad personal, abuso de autoridad, entre otros.
Finalmente, en Huancapi, capital de la provincia de Fajardo, pudo verificar que a raíz de la ordenanza municipal que declara la intangibilidad de la provincia para dar paso a un Plan de Acondicionamiento Territorial, se han logrado avances sustantivos en temas como la definición de las zonas arqueológicas con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura.
Asimismo, se ha podido levantar un registro de las fuentes de agua, de las zonas de producción ecológica, de aquellas en donde existe fauna y flora silvestre.
3 de junio de 2010
Huancahuari: Pueblos indígenas encarnan un nuevo actor político y social que debe ser valorado
Lima, 3 de junio de 2010.- Los pueblos indígenas han realizado uno de los aportes más trascendentes en la historia republicana al demostrar al país que existen y que hacen valer sus derechos, aseguró la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari, en la víspera de la conmemoración por los trágicos sucesos de Bagua. Sin embargo, señaló, existen algunos sectores interesados en acentuar la confrontación entre indígenas y no indígenas, y presentar a los primeros de violentistas y salvajes, cuando, en verdad, su lucha se enmarca en la justicia social, la paz y el buen vivir.
Huancahuari invocó a la Presidencia del Consejo de Ministros difundir entre sus funcionarios los contenidos del Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la nueva Ley de Consulta Previa.
Finalmente, precisó que en Bagua asistirá para expresar su solidaridad con la población y con los familiares de los nativos y policías caídos el año pasado.
* Juana Huancahuari es una de las siete congresistas suspendidas el pasado 11 de junio de 2009, mientras exigían la derogatoria de varios decretos legislativos.
* Hasta hoy, el Perú carece de políticas públicas coherentes, articuladas y continuas para los pueblos indígenas.
* Un estudio de 2005, determinaba que entre el 25% y el 48% de los hogares en Perú se autodenominan indígenas. El estudio mencionado también permitió estimar por primera vez a la población indígena urbana: 36% de la población urbana en la costa y 50-57% de la población en las ciudades andinas se autodenomina indígena.
Exigirá investigación por presuntos abusos contra pobladores

EN POMA CCOLLCCABAMBA
En la localidad de Poma Ccollccabamba, la congresista constató el socavón de la minera Miski SAC, que estuvo extrayendo mineral hasta hace unos días, sin contar con la autorización respectiva de la Dirección Regional de Energía y Minas.
No obstante, creyéndose dueños del mineral que se encuentra dentro del territorio de la comunidad, Miski SAC efectúa cobros por “regalía” a los mineros artesanales y, en contubernio con miembros de la policía nacional, realiza incautaciones a los artesanales.
En este caso, el despacho congresal hará el seguimiento a la demanda de devolución de los pagos que ha recibido Miski ilegalmente.
Por su parte, el presidente de la comunidad informó que evaluarán los términos del convenio con la minera, debido a los constantes incumplimientos y perjuicios que recaería en una demanda de resolución contractual.
De otro lado, sorprende la actitud pasiva de la fiscalía, la cual debió haber iniciado una investigación de oficio.
Finalmente, la congresista Juana Huancahuari informó que está a la espera del informe de la Dirección Regional de Energía y Minas sobre la situación legal de la minera Miski.
OTRO ABUSO DE CATALINA HUANCA
Mientras las autoridades se hacen de la vista gorda, la minería ya constituye un problema mayor en la región.
Catalina Huanca, minera que extrae cobre, zinc y plata desde hace tres años en la provincia de Fajardo y que viene dejando más pobreza en sus alrededores, agrede nuevamente a pobladores del caserío de Chumbilla, en la comunidad de Taca, distrito de Canaria.
Esta vez intentó invadir con cargadores frontales la fuente de agua de Chumbilla (Uchuhuaycco) para iniciar exploraciones de diamantina.
Tres madres se opusieron a este hecho y de inmediato fueron detenidas, golpeadas, amenazadas y retenidas por más de 15 horas por la policía de Canaria y efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).
La congresista Huancahuari, quien se desplazó al lugar de los hechos, mostró su indignación por la forma prepotente en el actuar de las autoridades y anunció que solicitará un informe exhaustivo al ministerio del Interior y a la Fiscal de la Nación.
27 de mayo de 2010
Huancapi, Vilcashuamán, Sucre, Raccaya y Vinchos en itinerario de congresista Huancahuari

17 de mayo de 2010
Campaña regional para recuperar Museo Cáceres de Ayacucho
El nuevo proceso judicial iniciado por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial contra el patrimonio cultural de la Nación en Ayacucho, amerita que se promueva con urgencia una campaña regional para evitar que se consuma un atentado a la historia y la cultura, señaló la legisladora Juana Huancahuari. Huancahuari propuso acciones inmediatas en todas las provincias del departamento, a través de pasacalles y cartas dirigidas al Presidente de la República, para que no se desaloje el Museo Mariscal Cáceres y se ponga en venta el local que ocupa (Casona Vivanco), ambos considerados patrimonio de la nación.
“Mediante memorial hemos solicitado al Presidente de la República y al Primer Ministro que en un gesto político transfiera la Casona Vivanco a alguna institución pública con el objeto de preservar dicho legado, pudiendo recaer en la Beneficencia, el Instituto Nacional de Cultura o el Ejército”, precisó Mario Cueto, representante del Patronato Cultural de Ayacucho.
Para Huancahuari “el patrimonio monumental y arqueológico no es negociable. Este caso debe ser emblemático para generar una corriente conformada por instituciones, personalidades, autoridades y población en general que supervise y denuncie cualquier atentado contra el patrimonio en cualquier parte de la región”.
Finalmente, la parlamentaria invocó al Presidente García a que en un gesto de buena fe, emita una norma que disponga la cesión.
DATOS
Este miércoles 19 habrá una reunión técnica en el Congreso de la República entre los legisladores por Ayacucho, los representantes el Patronato Cultural de Ayacucho y las autoridades, para buscar una salida legal al problema de desalojo.
10 de mayo de 2010
El colmo: Empresa Peregrine cobra y amenaza a mineros artesanales sin tener título de concesión

De acuerdo al informe, el petitorio se encuentra en trámite por lo que “no tiene ningún derecho para realizar ninguna actividad minera (exploración o explotación), igualmente como no cuenta con el título correspondiente, no puede realizar trámites para contar con Certificado Ambiental y Certificado de Operaciones Mineras (COM)”.
La congresista Juana Huancahuari señaló que Peregrine Resources ha sido denunciada por los comuneros y mineros artesanales, debido a que sufren amenazas y decomisos, son denunciados judicialmente y además, coactados a vender a la minera el material que extraen.
Para Juana Huancahuari, la minera Peregrine R. actúa de forma ilegal, engañando a la población diciendo que son titulares de un denuncio que todavía se encuentra en trámite. “Asimismo, hemos recogido denuncias de que estaría pagando sueldos irrisorios a algunos mineros artesanales”, dijo.
Huancahuari Páucar, quien participó a fines de abril de una multitudinaria audiencia en San Pedro de Lucanas y pudo recoger las quejas de la población y de sus autoridades, expresó su indignación por la forma irresponsable con que actúan las mineras en perjuicio de la población ayacuchana.
“En el departamento de Ayacucho hay 110 proyectos mineros en fase de exploración y 16 en explotación. Es necesario que la población y las autoridades sepan si se han concedido cumpliendo las normas establecidas y respetando el acuerdo previo con las comunidades”, manifestó.
“En su ánimo de hacerse más ricos, olvidan que están obligados a ser responsables moral, social y ambientalmente”, concluyó.
DATOS:
- Peregrine Resources habría cometido el delito de extracción ilícita en agravio del Estado.
- De acuerdo al INGEMMET, Ayacucho cuenta con 1698 derechos mineros titulados que abarca un área de casi un millón de hectáreas.
- En Ayacucho existen 451 petitorios mineros en trámite.
23 de abril de 2010
Huancahuari inicia recorrido por las provincias de Ayacucho
“Es imperioso que podamos dedicar un tiempo en nuestras tareas legislativas para recorrer las diferentes localidades de nuestro departamento, conversando con la población para que sepa que hacemos nuestras sus demandas”, aseveró la congresista ayacuchana.
Huancahuari Páucar tiene previsto visitar el distrito de Laramate (Lucanas), ubicado en las cabezadas, para iniciar una reunión de trabajo con los pobladores y autoridades sobre el problema del agua y la nueva ley.
Así mismo, La legisladora participará del foro sobre “Recursos naturales, minería y comunidades campesinas”, que se desarrollará en el distrito de San Pedro de Lucanas, zona que acoge a cientos de trabajadores mineros artesanales.
Aquí, la congresista aprovechará la ocasión para entregar una computadora a la Asociación de criadores de alpacas y llamas (Acallda), obtenido gracias a una gestión con el Congreso de la República.
Querobamba es otro de los lugares señalados en el mapa en la que Huancahuari Páucar sostendrá una reunión de trabajo sobre el incremento de las concesiones mineras en la zona.
Continuando su recorrido de varios días, la parlamentaria visitará también las localidades de Hualla, Chuschi y Huamanga, lugares en donde entregará computadoras a algunas comunidades campesinas y organizaciones sociales.
Computadoras gestionadas ante el Congreso
Un lote de 15 computadoras personales serán entregadas a diversas comunidades y organizaciones sociales en las provincias de Fajardo, Vilcashuamán, Lucanas, Cangallo, Huanta y Huamanga, informó la parlamentaria Juana Huancahuari Páucar, gestora de la donación.
“Se trata de computadoras que el Congreso de la República da de baja para adquirir otras de mejores características para el trabajo parlamentario. Antes de obtenerlas, hemos verificado que se encuentren en buen estado y óptimo funcionamiento”, explicó.
La congresista Huancahuari precisó que en Ayacucho son muchas las comunidades y organizaciones sociales que aún no han incorporado a su trabajo diario las tecnologías de información y comunicación (TIC), por lo que debería existir un programa impulsado por el Estado para que accedan a estas herramientas modernas, incluido internet, y mejorar sus canales de comunicación interna y externa.
“Esperamos que esta donación, que ha contado con el apoyo del Congreso de la República, contribuya a reducir la brecha digital en las organizaciones”, agregó.
6 de abril de 2010
Advierten peligro de conflictos sociales en nueva ley

La norma, que modifica la Ley 28221, permite a las municipalidades autorizar la extracción de materiales, a la que se añade la facultad de sancionar y de emitir ordenanzas que reglamenten el derecho por extracción, fijación y cobro del monto de las tasas.
Tal como fue aprobada, la norma no prevé la superposición entre el ámbito municipal y el de las comunidades, por lo que podría ocurrir que una municipalidad otorgue un derecho de extracción a una empresa en un río de uso comunal o en una cantera que se encuentre en territorio de una comunidad, señaló la parlamentaria Juana Huancahuari.
En la región Ayacucho, por ejemplo, existen muchos municipios cuyo ámbito territorial es el mismo que el de la comunidad, agregó.
La norma establece como causal de suspensión de la extracción cuando se contamine el medio ambiente o se afecte la propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, entre ellas las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, no considera el derecho de consulta previa que propuso la parlamentaria Juana Huancahuari, en caso de ocurrir estas superposiciones.
Las municipalidades deberían adecuar esta ley a sus realidades, respetando la propiedad colectiva de las comunidades, la cual es imprescriptible y se encuentra amparada en el Convenio 169, puntualizó la congresista.
Otra causal de suspensión de la extracción es cuando se impide la supervisión, fiscalización y/o control de la municipalidad, así como la invasión de área no autorizada o por no respetar la cantidad o tipo de extracción de material autorizado.
Por material de cantera se entiende aquellos que se usan para fines de construcción, tales como limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros.
Aprobada la ley por el Congreso, pasará en calidad de autógrafa al Presidente de la República para su promulgación.
30 de marzo de 2010
Gobierno Regional no aportará ni un sol para obra de drenaje pluvial
Ahora ruega al Gobierno Central por 15 millones La parlamentaria Juana Huancahuari demostró con documentos cómo el Gobierno Regional no pondrá ni un nuevo sol para la construcción del sistema de drenaje pluvial para Ayacucho, y que Ernesto Molina ha privilegiado sus intereses particulares en contra de las necesidades de la población.
“Sin tener recursos disponibles, Ernesto Molina ofreció 15 millones para quedar bien ante la población, el Gobierno Central y
En este momento hay 10 millones transferidos por el Gobierno Central provenientes del Fondo de Contingencia y, además, se encuentra en trámite el cofinanciamiento entre
Para completar el proyecto, faltan 15 millones que ofreció Molina Chávez del Fondo de Fideicomiso (de más de 110 millones), los cuales, sin embargo, al momento de su ofrecimiento ya estaban comprometidos en su totalidad en otras obras.
En su incapacidad de gestión, el Gobierno Regional ha pedido al MEF que se afecten los saldos del Fondo de Fideicomiso no comprometidos por los otros gobiernos regionales o, de lo contrario, se afecte el Fondo de Contingencia del MEF.
En ambos casos, es el Gobierno Central quien destinaría los 15 millones, es decir, el gobierno regional de Molina Chávez no aportará ni siquiera un nuevo sol para esta impostegable obra.
Pero eso no es todo. Ambas propuestas de Ernesto Molina podrían no ser viables. La primera de ellas está sujeta a que, al término del 2010, queden saldos de los otros gobiernos regionales, lo cual es improbable porque cada región tratará de utilizar esos recursos en sus propios proyectos, y en la segunda, se está pidiendo que los 15 millones salgan de la misma fuente de donde salieron los 10 millones, actitud irresponsable que el MEF podría rechazar.
“El proyecto de drenaje pluvial se encuentra en emergencia por la falta de previsión de los funcionarios del GRA y el pésimo manejo de los recursos que pertenecen a todos los ayacuchanos”, agregó la congresista Huancahuari.
DATOS.-
El Proyecto “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de
Con Oficio N°102-2010-GRA/PRES, el Presidente Regional pide al MEF recursos para financiamiento del proyecto de emergencia.
A pesar de ser un proyecto de emergencia, el GRA demoró más de dos meses en transferir los 10 millones de soles (otorgados por el Gobierno Central) a
Al 29 de enero de este año, todos los recursos provenientes de la emisión de bonos soberanos en el marco del Decreto de Urgencia N° 040-2009 ya estaban comprometidos en diversas obras, conforme lo detallan los siguientes decretos:
DECRETO SUPREMO N° 219-2009-EF, del 01-10-09, que compromete S/. 20’244,814.40.
DECRETO SUPREMO N° 161-2009-EF, del 23-07-09, que compromete S/.14’727,508.26.
DECRETO SUPREMO N° 022-2010-EF, del 29-01-2010, que compromete S/.18’881,559.89. En este decreto, el Gobierno Regional desestima el
financiamiento de dos proyectos en Chuschi y Vinchos por un monto de 2 millones 771,540.61.
DECRETO SUPREMO N° 038-2010-EF, del 29-01-10, que compromete
S/. 49’903,150,27.
DECRETO SUPREMO Nº 045-2010-EF, del 29-01-10, que compromete
S/.
DECRETO SUPREMO Nº 048-2010-EF, del 29-01-10, que compromete
S/. 5´ 825 505,79.
La incapacidad en la administración pública y las sucesivas denuncias de corrupción, robos en la sede regional, en PRIDER, y las investigaciones que viene haciendo
Contraloría detecta responsabilidades civiles y penales en el Gobierno Regional
La Contraloría General de la República ha identificado responsabilidades civiles y penales en el Gobierno Regional, por diversas irregularidades cometidas contra el patrimonio de la región, las cuales ya han sido tramitadas ante las instancias competentes, informó la parlamentaria Juana Huancahuari Páucar.
Con oficio 209-2010 remitido al despacho de la congresista, la Contraloría detalla los informes resultantes de los exámenes especiales practicados por los órganos del Sistema Nacional de Control en el GRA y Unidades Ejecutoras, desde el año 2001 a la fecha.
En los casos investigados se encuentra el de la sustracción de fondos por 970 mil 554 soles que fueron habilitados por “encargos internos” a la unidad de caja los años 2007 y 2008, y que tiene responsabilidad penal por peculado.
Asimismo, se encuentra la denuncia penal por peculado y malversación por la implementación con mobiliario escolar a instituciones educativas a cargo de la Oficina Subregional de La Mar por 44,303 soles. Esta misma oficina también se encuentra con denuncia por el faltante de 57,211 soles que estaban destinados a la irrigación Pariawanca Llaqwapampa.
El Programa Ayacucho Agorah fue hallada responsable también por el perjuicio de más de 134 mil soles que estaban destinados a la construcción del puente Retamayocc.
Otro de los casos que se encuentran con denuncia penal es el irregular proceso de adquisición de repuestos para la instalación, acondicionamiento y funcionamiento del tomógrafo, por un monto de 222 mil soles.
25 de marzo de 2010
Coravip: Gobierno Regional de Ayacucho no implementa Registro Único de Víctimas

Los integrantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política CORAVIP – Ayacucho, organización que trabaja en la defensa y promoción de derechos humanos, frente a la postergación del inicio del Registro de Víctimas en nuestra región por parte del Gobierno Regional de Ayacucho, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1. Exigimos la inmediata asignación presupuestal al proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de Afectados por Violencia Política del Periodo (1980 – 2000) en las Provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Sucre, Lucanas, Paucar del Sara Sara y Parinacochas en la Región Ayacucho” con un presupuesto de más de 900,000.00 mil nuevos soles, que hasta la fecha no se está ejecutando con efectividad; motivo por el cual muchas víctimas de la violencia que viven en estas provincias no pueden ser registradas y acreditadas por el Consejo de Reparaciones y consecuentemente acceder a reparaciones, tal como lo establece la ley 28592, Ley Marco del Plan Integral de Reparaciones.
2. Demandamos al Gobierno Regional de Ayacucho el respeto a miles de afectados y víctimas del periodo de la violencia política y en ese marco el cumplimiento de su promesa de implementar el proyecto; ya que en noviembre del 2009 anunció el inicio del proyecto con un presupuesto de 150,000.00 mil nuevos soles y curiosamente en el Presupuesto Institucional de Apertura 2010 no se ha incluido, hecho que demuestra la poca voluntad política para atender las secuelas a pesar de ser la región más afectada por la violencia.
3. Como es de conocimiento, el 15 de marzo del presente año, en una ceremonia realizada en el Auditorio del Gobierno Regional con presencia del propio Presidente se realizó el lanzamiento oficial del proyecto sin contar aun todavía con recurso para dicho fin; asimismo se viene anunciando otro lanzamiento en la zona sur de nuestra región sin haber modificado el Presupuesto Institucional del GRA que incluya dicho proyecto.
4. Esperamos que en los próximos días nuestras autoridades y funcionarios puedan tomar las acciones correspondientes en beneficio de las víctimas de la violencia; recordemos que sin Registro Único de Víctimas no hay posibilidad de acceder a reparaciones, los cuales contribuyen a alcanzar la justicia que merecen recibir las personas que sufrieron los embates de la violencia.
Ayacucho, 24 de marzo del 2010.
Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política Cel. 966962810 RPM. #437910
24 de febrero de 2010
Congresista Huancahuari advierte intención del gobierno para desplazar nativos y campesinos
La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.
El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.
“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, anotó.
“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas, represas) los indígenas tendrán que irse a otro sitio.
Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.
Aun cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva y que ha intentado de muchas formas destruir a las comunidades con el único objetivo de beneficiar a los inversionistas privados
“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.
Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.
“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.
DATOS: El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.
En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.
En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.
En octubre de 2007, el gobierno presentó el proyecto 1640 que declaraba de "interés nacional" a 20 proyectos mineros, sin considerar que se superponían a áreas naturales protegidas ni a territorios comunales. Asimismo, en ese mismo año, el gobierno pretendió presentar un proyecto que recortaba 200 mil hectáreas al parque Bahuaja Sonene.
En estos momentos, el gobierno del presidente García está interesado en promover la construcción del proyecto Inambari, en el departamento de Madre de Dios, y de otros megaproyectos de infraestructura que comprende el IIRSA.
16 de febrero de 2010
Unidad contra el Apra y el fujimorismo
Lunes, 01 de Febrero de 2010
El viernes último, representantes de organizaciones sociales, preocupados por el contexto político regional que se vive, se reunieron y constituyeron la Coordinadora por la Unidad Democrática de Ayacucho, que estará integrada por David Chavarría Barbarán (de la Federación de Productores Agropecuarios del VRAE), Iber Maraví Olarte (Presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho), Rebeca Vidalón Peña, Blandina Contreras Yance (de la Confederación Campesina del Perú) y Sabina Cusi Chamba (Alcaldesa de Apongo), acompañados por el importante presencia de la Congresista Juana Huancahuari Paúcar.
Contra el aprismo y fujimorismo
Una de los primeros llamados que hacen a todas las fuerzas progresistas y al movimiento social que se encuentran dispersos, es a unificar esuerzos contra el aprismo y el fujimorismo, que se imponga la posición democrática y no burocrática al momento de designar candidaturas a nivel regional.
Las fuerzas progresistas y el movimiento social están dispersos
“La carrera electoral ha comenzado en Ayacucho, nos llevan la delantera los partidos políticos tradicionales y los movimientos regionales populistas. Mientras las fuerzas democráticas, progresistas y el movimiento social están aún dispersos exiguamente representadas, muestra de ello es que se han adquirido 27 kit electorales. Aùn más preocupante es que hasta el momento no existe un precandidato con un perfil político y social capaz de enfrentar a las fuerzas políticas que implementa el neoliberalismo”, precisan.
Quieren imponer candidatos
Asimismo, indican que “mientras los partidos políticos y algunos Movimientos Regionales de la opción democrática, progresista e izquierdistas, están preocupados sólo en consolidar la correlación entre los cuadros políticos, poniendo de manifiestos su único propósito de imponer candidatos naturales, a cualquier costo; sin priorizar las acciones integradoras y cumplir los propósitos descentralistas en cada una de las once provincias, aún en nuestra Región no existe la voluntad política real de incorporar como aliados estratégicos a los movimientos sociales”.
Unidad para el Desarrollo de Ayacucho
Por ello, justifican su accionar considerando que los tradicionalmente excluidos entre movimientos sociales, gremiales y campesinos se han auto convocado el día 29 de enero, con el propósito de hacer un esfuerzo unitario para proponer el cambio bajo el principio de unidad entre las fuerzas democráticas, movimientos regionales y movimientos sociales; que buscan el desarrollo integral de Ayacucho, garantizando la protección de los recursos naturales, para contener la “catástrofe medioambiental” del cambio climático global, que ocasionan millonarias pérdidas en las diversas regiones del mundo y principalmente en nuestro país.
Dejar de lado intereses personales y grupales
Por tanto, hacen un llamado a los partidos políticos y a movimientos regionales democráticos a forjar la unidad política y social, incorporando a los movimientos sociales, dejando de lado los intereses personales y grupales, con la finalidad de fortalecer verdadera unidad.
Serán los responsables
Los impulsores de la Coordinadora han indicado que de no lograr la unidad de las fuerzas progresistas, se les responsabilizara por los resultados que obtengan en los próximos comicios electorales y serán los únicos responsables del retraso de una región que clama con urgencia desarrollo integral.
De acuerdo a lo vertido por Iber Maraví, se tiene que la Coordinadora no es ninguna agrupación política, sino es la unión de voluntades que pretende llamar la atención de todos con el fin de promover la verdadera unidad entre todos los actores progresistas y sociales.
12 de enero de 2010
DREMA suspende operación de minera Ammeco

El 7 de diciembre pasado, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho remitió el oficio Nº1075-2009 a Roberto Obradovich Rivera, director gerente de Ammeco, mediante el cual le notifica la decisión de suspender las actividades de operación minera hasta que se superen los problemas presentados, entre ellos, el conflicto con los comuneros de Huancasancos.
“Es necesario que los gobiernos locales elaboren un Plan de Acondicionamiento Territorial, que asigne una Zonificación Económica y Ecológica a su territorio que permita ordenar y zonificar el desarrollo de los pueblos y evitar estos conflictos socioambientales”, propuso la parlamentaria.
“Esto no es ser antimineros, es sencillamente buscar el desarrollo con responsabilidad social y ambiental, no es posible que no cumpla siquiera su propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, dijo.
Reclamo de población era justificado
En octubre de 2009, las poblaciones de Llauta y Huancasancos expresaron a la congresista Huancahuari su malestar por la presencia de volquetes de alto tonelaje que transportaban mineral hacia Ica, perjudicando la carretera y levantando nubes de polvo.
Asimismo, los campesinos de Huancasancos denunciaban que la minera incumplía los acuerdos del convenio con la comunidad. En consecuencia, los pobladores de Llauta decidieron bloquear la carretera, mientras Huancasancos acordó en asamblea suspender el convenio y paralizar la operación.
Ante los reclamos, Energía y Minas realizó una inspección ocular la cual concluye que la mina estaría generando impactos negativos al ambiente, en las vías de acceso y que, además, no cumple los diferentes componentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental.
El Informe 023-DREMA concluye que la mina no posee comedor, almacén, taller, dormitorio, oficina administrativa, campamento, sistema de comunicación, almacén de combustible, tanque de agua, pozo séptico, señalización, etc. Por el contrario, los inspectores verificaron el derrame de combustible, exposición a gases por el personal y propensión a incendio.
17 de diciembre de 2009
Juana Huancahuari: Damnificados requieren reubicación
“Temporalmente es necesario garantizar la integridad de las personas a través de carpas, víveres, abrigos, atención en salud, etc., pero es necesario que las autoridades asuman el compromiso de trasladarlos a otro lugar en donde edificar sus viviendas, para que no ocurra como en Ica que, luego de dos años, los pobladores siguen viviendo en carpas.
Huancahuari invocó a las autoridades del gobierno nacional, regional y local, para que se ofrezca una solución efectiva a estas personas, que en su mayoría son de condición humilde porque, de lo contrario, regresarán a esos terrenos inseguros.
De otro lado, la parlamentaria indicó que, antes de que se incrementen las lluvias, se deberían construir muros de contención ante posibles deslizamientos de piedra y lodo que podrían esta vez provocar mayores desgracias de abarcar otras calles aledañas.
“El alcalde de Huamanga tiene un proyecto para construir muros de defensa, el cual está valorado en 50 millones de dólares. Falta voluntad política de algunas autoridades para llevarlo a cabo”, concluyó.



