Los invitamos a ver este video de dos minutos y medio realizado con actores argentinos sobre los efectos de la gran minería.
Argentina está en peligro, leyes mineras más que permisivas creadas en los años noventa y vigentes hoy les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio.
Negocios millonarios de unos pocos, al pueblo argentino no le queda absolutamente nada... solo el triste saldo de destruccion ambiental, daños sociales y económicos.
¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La mega minería utiliza diez toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca.
El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300 mil metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se depositan en piletones llamados diques de cola.
Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos.
La mega minería provoca destrucción del medio ambiente, ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales...
La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800 por ciento. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena a terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza.
¡No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio!
El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro.
¡Protejámosla!
El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria una ley contra la mega minería contaminante.
Súmate a la accion interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. el agua y la vida no se negocian.
La población indígena de América viene luchando desde hace más de 500 años en defensa del medio ambiente y de su organización social colectiva. Con la embestida del neoliberalismo, tanto a la naturaleza como a su organización, esa lucha se ha agudizado.
En todos los países donde existe población indígena, ésta viene luchando fuertemente en defensa de la Madre Tierra, contra los ataques de empresas petroleras, mineras, madereras, etc. También la agroindustria es enemiga del suelo y de la población, pues mata el suelo con el monocultivo y el uso de agroquímicos, superexplota a sus trabajadores y en general produce para la exportación, entre otras cosas, biocombustibles para alimentar a los carros. Otro ataque es la construcción de represas, hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras, etc., para servir a las empresas dañando a los pobladores.
La masacre de alrededor de 200 (la cifra oficial es 10) nativos amazónicos peruanos en Bagua, cuyos cadáveres fueron incinerados por la represión, causó indignación internacional. También hay triunfos, como el de Tambogrande que impidió a la empresa canadiense Manhatan extraer el oro que se encuentra bajo la población. En Chile, el gobierno “socialista” reprimió a los mapuches que defiende la Madre Tierra con leyes de Pinochet. En Argentina, Andalgalá y otros pueblos luchan valientemente en defensa del medio ambiente. De Guatemala informan que cientos de miles de indígenas luchan contra la legislación sobre minería. En EEUU, los indígenas se oponen a la minería de uranio que daña a “La gran abuela” (el Cañón del Colorado). En Columbia Británica, Canadá, los indígenas luchan contra la irrupción de construcciones en su territorio para las olimpiadas de invierno.
El ataque del gran capital no es sólo contra el medio ambiente. Sabiendo que la organización colectiva es el arma de defensa de los indígenas, también a ella van dirigidos los ataques. La legislación anti-comunidad indígena fue casi simultánea en México y Perú. Los decretos ley anti-indígenas del presidente peruano son contra el medio ambiente y contra la comunidad indígena.
Precisamente esto refuerza la construcción del poder colectivo indígena. El ejemplo más avanzado de la lucha indígena por construir su poder autónomo es el de la zona liberada de Chiapas, México. Quien gobierna es la colectividad, eligiendo las autoridades sin que se presenten candidatos. Los miembros de los cuerpos colectivos elegidos, no ganan sueldo por esa función y pueden ser removidos en cualquier momento. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) resguarda a la población de esa zona del ataque gubernamental, sus miembros están impedidos de participar de los organismos de gobierno. Ahí funciona una verdadera democracia. Desgraciadamente esta palabra ha sido tan prostituida desde que nació para denominar la dictadura de los machos griegos contra las mujeres y los esclavos, hasta la denominación actual de los gobiernos del gran capital contra la mayoría de la población, que me cuesta usar ese término. Chiapas es el caso más avanzado pero no el único.
En Cauca, Colombia, según palabras de Raúl Zibechi. “Se trata de 14 resguardos que ocupan unas 191 mil hectáreas (…) en los que viven 110 mil personas (…). En total son 25 mil familias distribuidas en 304 veredas o comunidades rurales (…). En esos territorios existen 18 cabildos, autoridad política indígena que convive con los municipios del Estado colombiano. Los cabildos son administrados por gobernadores nombrados por grandes asambleas y acompañados por alguaciles elegidos en cada una de las veredas. El cabildo, es un poder territorializado que debe convivir con otros poderes que pugnan por reducir su influencia: básicamente, militares y guerrilla.”
En Ecuador, fueron los indígenas con sus manifestaciones multitudinarias quienes aplastaron las actitudes obstruccionistas de la derecha, entre ellas la pretensión mediante el Parlamento, de impedir la realización de la Asamblea Constituyente. Los indígenas afianzaron el gobierno de Correa. Ahora ellos se alzan frente a Correa defendiendo sus territorios del daño que produce la extracción de petróleo, además dicen que la ley de aguas les arrebata derechos, la disputa se extiende al terreno educativo pues exigen ser ellos quienes nombren a los maestros en su territorio e impiden el ingreso de agentes gubernamentales que pretenden entrar para dividirlos. Argumentan, con toda razón, que aplican la nueva constitución ecuatoriana, que reconoce que Ecuador es un estado plurinacional. Esto refuerza la construcción de un poder democrático autónomo. En Bolivia, donde las elecciones todavía son al viejo estilo que no es democrático y donde a los indígenas sólo les corresponde una ínfima minoría de representantes, hace pocos días los indígenas de Beni eligieron al estilo indígena, por consenso, a dichos representantes.
En Honduras, del 12 al 14 de este mes, se realizó el “II Encuentro Nacional por la Refundación de Honduras”, al que concurrieron más de mil delegados.
El principal pivote organizativo fue el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Fueron los indígenas quienes alimentaron a los asistentes. “No traen lo que les sobra; traen lo que tienen”, dijo la dirigenta Berta Cáceres, cuando llegaban hombres y mujeres de las comunidades con bolsas de maíz, frijoles, café y frutas, para la cocina colectiva. Berta, en nombre de la organización indígena, insistió en que, puesto que en Honduras no existe un gobierno legítimo, el pueblo debe elegir desde la base, sus autoridades.
En el Perú, la masacre del 5 de junio en Bagua reforzó el poder indígena de varias poblaciones amazónicas que tienen puestos de control de quiénes entran a sus territorios y hay comisarías sin policías, quienes temen volver a ellas.
En la sierra, las “rondas campesinas”, organizaciones de autodefensa contra los ladrones de ganado y de justicia interna, surgidas a raíz de la corrupción de jueces y policías, en un principio fueron perseguidas por el sistema, pero ante su multiplicación, tuvieron que reconocerlas legalmente y darles facultades para el ejercicio de justicia a nivel inferior.
Donde hay poblaciones indígenas, ellas tienen organización comunal, más o menos democrática, con mayor o menor fuerza frente a las autoridades del sistema.
TAREA DE LOS REVOLUCIONARIOS La lucha contra el capitalismo por ser un sistema injusto tiene más de cien años, los revolucionarios de mi tiempo pensábamos que si nosotros no alcanzábamos a derribarlo, lo harían las generaciones futuras.
Ahora vemos que eso es falso: Si las actuales generaciones no derribamos al capitalismo, éste, con su ataque a la naturaleza, exterminará la especie humana, mejor dicho, ya comenzó a exterminarla, fundamentalmente con el calentamiento global producido por la emisión de gases de invernadero: En mi región, Cusco, ya hubo decenas de muertos por los aluviones producidos por el calentamiento. Una isla de la bahía de Bengala desapareció bajo el agua. El huracán Katrina mató mucha gente en Estados Unidos, En África tienen que caminar kilómetros para conseguir agua. El invierno pasado fue excesivamente frío en Europa, hubo muertos. Un río de lodo atravesó una ciudad italiana. En Granada, España y en Buenos Aires, la gente caminó por las calles con el agua encima de las rodillas. Como vimos más arriba, el calentamiento global no es más que uno de los ataques del capitalismo a la naturaleza, y por lo tanto a la supervivencia de la humanidad. Hay muchos consejos de acciones contra el calentamiento, por ejemplo, usar lámparas fluorescentes, pero aunque todo el mundo lo hiciera, eso no va a detener el calentamiento global, puesto que éste y todas las otras formas de deterioro del medio ambiente son inherentes al sistema capitalista cuyo mandamiento sagrado ordena a las compañías multinacionales ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Hay leyes de protección del medio ambiente, pero otra de las normas del sistema es que con dinero se derrumba cualquier ley.
Si un capitalista por razones morales deja de implantar una industria contaminadora, esa no es una solución, pues la vorágine del mercado hará que otro capitalista ocupe su lugar.
El único remedio posible para frenar el calentamiento global y todo el deterioro de la naturaleza es acabar con el capitalismo. Es cierto lo que voceaban 100,000 personas en Copenhague: “Cambiemos el sistema, no el clima”.
Hago una invocación a quienes luchan por una sociedad más justa, llámense marxistas, libertarios o lo que sea, a que nos ubiquemos en la nueva realidad.
Hagamos un giro en la denuncia al capitalismo, ahora fundamentalmente debemos concentrarla en que a través del ataque a la naturaleza está exterminando nuestra especie, esto es mucho más grave que su explotación a la clase obrera o el saqueo de nuestras riquezas.
También les hago un llamado a que vean lo que está sucediendo: Las poblaciones indígenas, calificadas como las menos civilizadas, están en la primera fila en la defensa de la naturaleza y por lo tanto de la supervivencia de la especie.
Esas poblaciones, hoy día, aún aplastados por el capitalismo, están construyendo el tipo de organización social por el que nosotros luchamos. Para decirlo en las palabras del Sub: “No se trata de tomar el poder, sino de construirlo”.
Si ven esto comprenderán que una tarea fundamental de los revolucionarios anticapitalistas, debe ser la solidaridad con las luchas indígenas en defensa de la naturaleza y en la construcción de la nueva sociedad.
Reproducimos el comunicado de la Confederación Campesina del Perú-CCP sobre el estado de salud del c. Lorenso Ccapa Helachoqque y la ayuda que requiere en estos momentos. Desde este espacio hacemos votos porque la operación sea exitosa y recupere muy pronto la lozanía y bienestar. Confiamos en el espíritu joven y de lucha de nuestro hermano Lorenso para salir airoso de este difícil trance y de la solidaridad de todos quienes nos sentimos orgullosos de considerarnos sus amigos.
Compañeros(as): A todo los cecepistas y bases.
LORENZO CCAPA NECESITA Y ESPERA NUESTRO APOYO MORAL
Previo un saludo cordial y afectuoso a cada uno de los compañeros y compañeras, comunicamos sobre la salud y enfermedad del compañero LORENZO CCAPA HELACHOQQUE, ex Secretario General de la CCP, quien ha sido diagnosticado con cáncer (melanoma) en el dedo pulgar de la mano derecha y será intervenido quirúrgicamente el día martes 2 de marzo.
Se trata de un tumor altamente invasivo por su capacidad de generar metástasis. A pesar de varios años de investigaciones extensivas, el único tratamiento efectivo es la resección quirúrgica del tumor primario antes de que logre un grosor mayor de 1 mm. En esta oportunidad, Lorenzo necesita de nuestro apoyo moral y en especial económico para asumir los costos de operación y tratamiento. Está internado en el Hospital de Neoplásicas. Por tanto, esperamos la solidaridad de todos y todas.
A las personas que voluntariamente desean colaborar, solicitamos depositar a la siguiente cuenta de ahorros: El compañero no tiene cuenta bancaria y solicita le hagan depósitos de colaboración a la cuenta a nombre de Victoria Medina Palomino Banco de la Nación: Nº de Cuenta de Ahorros Nº 04014956358
Muchas gracias por vuestra colaboración, los dirigentes de la CCP quedamos muy agradecidos. Por favor le agradeceremos que nos hagan llegar su nombre y cantidad que depositó a traves de este email. Muchas gracias Atentamente: Juan Washington Mendoza Aguirre Sec. Prensa y Comunicaciones CCP 01-996165712 RPM: #285561 084-974726528
Ejecutivo presenta modificación a Ley 28223 sobre desplazados
La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.
El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.
“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, anotó.
“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas, represas) los indígenas tendrán que irse a otro sitio.
Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.
Aun cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva y que ha intentado de muchas formas destruir a las comunidades con el único objetivo de beneficiar a los inversionistas privados
“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.
Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.
“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.
DATOS: El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.
En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.
En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.
En octubre de 2007, el gobierno presentó el proyecto 1640 que declaraba de "interés nacional" a 20 proyectos mineros, sin considerar que se superponían a áreas naturales protegidas ni a territorios comunales. Asimismo, en ese mismo año, el gobierno pretendió presentar un proyecto que recortaba 200 mil hectáreas al parque Bahuaja Sonene.
En estos momentos, el gobierno del presidente García está interesado en promover la construcción del proyecto Inambari, en el departamento de Madre de Dios, y de otros megaproyectos de infraestructura que comprende el IIRSA.
El viernes último, representantes de organizaciones sociales, preocupados por el contexto político regional que se vive, se reunieron y constituyeron la Coordinadora por la Unidad Democrática de Ayacucho, que estará integrada por David Chavarría Barbarán (de la Federación de Productores Agropecuarios del VRAE), Iber Maraví Olarte (Presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho), Rebeca Vidalón Peña, Blandina Contreras Yance (de la Confederación Campesina del Perú) y Sabina Cusi Chamba (Alcaldesa de Apongo), acompañados por el importante presencia de la Congresista Juana Huancahuari Paúcar.
Contra el aprismo y fujimorismo Una de los primeros llamados que hacen a todas las fuerzas progresistas y al movimiento social que se encuentran dispersos, es a unificar esuerzos contra el aprismo y el fujimorismo, que se imponga la posición democrática y no burocrática al momento de designar candidaturas a nivel regional.
Las fuerzas progresistas y el movimiento social están dispersos “La carrera electoral ha comenzado en Ayacucho, nos llevan la delantera los partidos políticos tradicionales y los movimientos regionales populistas. Mientras las fuerzas democráticas, progresistas y el movimiento social están aún dispersos exiguamente representadas, muestra de ello es que se han adquirido 27 kit electorales. Aùn más preocupante es que hasta el momento no existe un precandidato con un perfil político y social capaz de enfrentar a las fuerzas políticas que implementa el neoliberalismo”, precisan.
Quieren imponer candidatos Asimismo, indican que “mientras los partidos políticos y algunos Movimientos Regionales de la opción democrática, progresista e izquierdistas, están preocupados sólo en consolidar la correlación entre los cuadros políticos, poniendo de manifiestos su único propósito de imponer candidatos naturales, a cualquier costo; sin priorizar las acciones integradoras y cumplir los propósitos descentralistas en cada una de las once provincias, aún en nuestra Región no existe la voluntad política real de incorporar como aliados estratégicos a los movimientos sociales”.
Unidad para el Desarrollo de Ayacucho Por ello, justifican su accionar considerando que los tradicionalmente excluidos entre movimientos sociales, gremiales y campesinos se han auto convocado el día 29 de enero, con el propósito de hacer un esfuerzo unitario para proponer el cambio bajo el principio de unidad entre las fuerzas democráticas, movimientos regionales y movimientos sociales; que buscan el desarrollo integral de Ayacucho, garantizando la protección de los recursos naturales, para contener la “catástrofe medioambiental” del cambio climático global, que ocasionan millonarias pérdidas en las diversas regiones del mundo y principalmente en nuestro país.
Dejar de lado intereses personales y grupales Por tanto, hacen un llamado a los partidos políticos y a movimientos regionales democráticos a forjar la unidad política y social, incorporando a los movimientos sociales, dejando de lado los intereses personales y grupales, con la finalidad de fortalecer verdadera unidad.
Serán los responsables Los impulsores de la Coordinadora han indicado que de no lograr la unidad de las fuerzas progresistas, se les responsabilizara por los resultados que obtengan en los próximos comicios electorales y serán los únicos responsables del retraso de una región que clama con urgencia desarrollo integral.
De acuerdo a lo vertido por Iber Maraví, se tiene que la Coordinadora no es ninguna agrupación política, sino es la unión de voluntades que pretende llamar la atención de todos con el fin de promover la verdadera unidad entre todos los actores progresistas y sociales.
Compartimos con nuestros lectores los acuerdos del “II Congreso Provincial de Minería y Medio Ambiente de Chumbivilcas 2009”, que se desarrolló en el Teatro Municipal, el día 16 de diciembre de 2009. Las consultas vecinales se van convirtiendo en un instrumento de poder para que la población haga valer su derecho a decidir la actividad que quieren desarrollar en sus territorios.
ACUERDOS 1. Realizar la consulta vecinal y popular sobre la minería en la Provincia de Chumbivilcas en el mes de febrero de 2010, con la participación de los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas: Santo Tomás, Ccapacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Velille.
2. Conformar una comisión organizadora para el proceso de organización, convocatoria y ejecución de la consulta vecinal y popular. 3. Formar un Frente Cívico de Defensa de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, integrado por los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas.
4. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas debe implementar una secretaria técnica para el cumplimiento de los acuerdos de los congresos provinciales sobre minería y el agua.
5. Los acuerdos del II Congreso Provincial de Minería y Medio Ambiente Chumbivilcas -2009, deben ser difundidos a nivel nacional, regional y local a través de los diferentes medios de comunicación. Así mismo emitir informes a las autoridades competentes del Gobierno Regional y Central.
6. Declarar como zonas intangibles a las cabeceras de cuencas, microcuencas, manantiales, ojos de agua, bofedales y otras fuentes naturales de agua.
7. Realizar un inventario de zonas turísticas como la laguna y el nevado de Huanso, las grutas de Warari, el Templo de Santo Tomás, los bosques del Cañón de Occoruro, los bosques de Puya Raimondi de Alccavictoria; restos arqueológicos como Wamán Marka, Markansaya, Tuntuma Pata, Banderayoq y otras zonas arqueológicas en la provincia de Chumbivilcas y declararlas zonas intangibles con el apoyo del INC.
8. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y sus distritos, deben elaborar del Plan del Acondicionamiento Territorial, Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) de la provincia de Chumbivilcas.
9. Realizar pasantías para contrastar experiencias a nivel local, regional y nacional sobre el desarrollo de la actividad minera.
10. Impulsar las actividades económicas como la agricultura, ganadería y el turismo social para el desarrollo sostenible de la provincia de Chumbivilcas.
11. Realizar reuniones multisectoriales, con el propósito de sistematizar toda la información sobre los asuntos mineros.
12. Incluir en el Plan Operativo Anual de la Mesa de Concertación para el Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, la defensa de los recursos naturales y preservación del ambiente.
13. Retiro inmediato de la empresa minera ARES de la cordillera de Huanso.
14. Declarar como zona intangible a la cordillera de Huanso, por ser cabecera de la cuenca hidrográfica del río de Santo Tomás.
Santo Tomás, diciembre de 2009.
¡Unidad de los pueblos de Chumbivilcas sin ninguna discriminación política! ¡Consulta Vecinal y Popular sobre la Minería en Chumbivilcas!
Lima, 25 de Diciembre del 2009
Señor Adolfo de Córdova Vélez
Ministro de Agricultura
Presente.-
Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:
1. En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre el año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no.
Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.
2. En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.
3. Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.
4. En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.
5. Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.
Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas. Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.
6. Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos.
7. En la cronología efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificación adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronología, además, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigación objetiva e imparcial (1).
8. Si bien de los testimonios que se logró recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y policías, no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo, qué coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.
9. En suma, la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones.
10. Como es de dominio público, el 5 de junio de 2009 aconteció en Bagua, Amazonas, Perú, una situación de conmoción y confrontación social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos indígenas amazónicos y dejó un lamentable saldo de 33 víctimas mortales, un policía desaparecido y más de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala. Tres meses más tarde, el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.
Conforme a su norma de creación, la CEI debió estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad (2); y su finalidad esencial es contribuir a que “hechos similares nunca más vuelvan a suceder” (3). No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posición que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicación directa y pública en estos hechos; derivándose más bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.
11. El análisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisión que suscriben el denominado Informe Final, no sólo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, además, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.
12. El gobierno, por su parte, no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisión, pues no se le otorgó el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.
13. En efecto, la CEI se instaló el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprobó el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto (4). Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solventó dos viajes de la CEI; este fue el único apoyo en lo que se refiere a presupuesto.
14. Otros órganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuación de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio Público, quienes negaron al Presidente de la Comisión, señor Jesús Manacés, los documentos de la investigación fiscal. Lo mismo ocurrió con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.
15. A pesar de tener por objeto la búsqueda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ningún momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construyó alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, así como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.
16. No se pudo lograr la entrevista con el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y después del proceso, que contribuirían a la reconciliación nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisión.
17. La CEI tampoco interrogó a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos indígenas (5), carecían de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos indígenas, tal como instruía el Convenio 169 de la OIT y fueron “el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónicas a nivel nacional”. En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Aráoz, pese a que se la citó, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Perú podía ser objeto de sanciones internacionales (6). Afirmación que luego el señor Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encargó de desmentir tajantemente (7). Este último, tampoco fue entrevistado por la Comisión pese a la eminente y crítica posición que ocupó en el momento en que ocurrían los hechos objeto de investigación por la CEI.
18. En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONG (8), medios de comunicación (9) y miembros de la Iglesia Católica (10), a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaración y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribuía. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliación nacional.
19. Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP) (11), a quienes sindica como promotores de la movilización indígena y la comisión de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayoría tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales (12) a quienes el Informe Final atribuye la comisión de actos violentos, como también ocurrió respecto de representantes y dirigentes indígenas (13).
20. El Informe Final tampoco incluyó la versión u opinión de ninguno de los deudos de las víctimas civiles, fueran estas mestizas o indígenas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estación de Bombeo Nº 6. Ningún miembro de la DINOES declaró de forma reservada ante la CEI.
21. A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, señor Javier Velásquez Quesquén, y teniendo claro que la palabra empeñada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicación de por qué, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisión Multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, había recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisión se postergó una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se había desatado con el conocido saldo lamentable de víctimas mortales que produjo.
22. El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos indígenas y en estado de emergencia.
23. Aunque el Informe Final destaca la promulgación por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos indígenas (14), no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones indígenas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administración que les afectan.
24. Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa pérdida de vidas humanas con que se saldó el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexión encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos indígenas amazónicos del Perú; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podrían dificultar un diálogo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos. En este mismo sentido se ha pronunciado unánimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (señor James Anaya) (15), la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de la ONU contra todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un diálogo respetuoso y al cese de la represión contra los dirigentes y representantes indígenas.
25. La CEI no contó con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que tenía planteados. El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
26. Temas de investigación y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigación no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisión no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.
27. En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versión oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.
28. A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusión y marginación histórica y estructural de los Pueblos Indígenas, no profundiza en las verdaderas raíces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegación de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos.
29. El Informe Final omite destacar, asimismo, el traumático estado actual de todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupación de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, así como los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisión elude tratar la causa estructural que, según los pueblos indígenas amazónicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.
30. Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.
31. En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuación defensiva una acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.
32. En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar quién les ordenó que actuaran de esta forma.
33. La formulación del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la característica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos indígenas, donde los dirigentes deben asumir la función para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuestión personal o particular.
34. El Informe Final no manifiesta un principio y derecho básico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.
35. Junto con la búsqueda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ésta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas.
36. El Informe Final carece de una dimensión inherente a la reconciliación, que es la de generar medidas para reparar los daños infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto. Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como policías o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situación económica, situación legal e indemnizaciones.
37. Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisión, su sistematización adecuada y la identificación de los vacíos de información pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigación que la CEI no pudo concluir.
38. Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistemática y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la revisión de la legislación y las instituciones concernidas para adecuarlas al carácter plurinacional de nuestro país.
39. Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, básicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requería.
40. Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando éste.
41. Es muy importante que en cualquier investigación se cuente con la participación de los organismos internacionales; tal como lo sugirió el relator de las NNUU en su informe.
42. Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos también observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentación, su disconformidad con la investigación realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.
43. Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.
Firmado:
Jesús Manacés Valverde, Presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua María del Carmen Gómez Calleja, miembro de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua
Notas:
(1) Por ejemplo, es muy poco lo que se dice de los cincuenta y cinco días que duraron los hechos de la Estación de Bombeo Nº 6, mientras que en la cronología se menciona y valora la publicación de determinados libros cuya relevancia para el análisis de los sucesos del 5 de junio en Bagua no se alcanza a comprender. Se hace mención, también, a las protestas o episodios de violencia ocurridos en toda la Amazonía, pero no se mencionan los ataques verbales que durante más de un año se hicieron contra los pueblos Amazónicos por parte de las autoridades y determinados medios de comunicación. No se hace ninguna referencia, en cambio, a las decisiones o debates que hubo sobre el conflicto Amazónico a nivel del Consejo de Ministros.
(2) Informe Final, página 3, primer párrafo.
(3) Informe Final, página 4, último párrafo.
(4) De hecho, estando por vencerse el plazo asignado por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG para investigar y analizar los sucesos de Bagua (que vencía el 9 de diciembre), el Ministro de Agricultura denegó el pedido de la CEI para que dicho plazo se ampliara en orden a culminar en buena forma los trabajos de la Comisión, y no en la forma apresurada en que venía haciéndose.
(5) Informe página 28 quinto párrafo; página 29, párrafos segundo y tercero. Al referirse al DL 1015 la CE señala que “Al cambiar el concepto de Padrón Comunal por el de Asamblea [el decreto] facilita la posibilidad de enajenar las tierras de la comunidad por un pequeño grupo que de quórum a la reunión y el voto”. Al referirse al DL 1073, señala que “modifica el régimen de disposición de tierras de las comunidades sin haberles consultado. De esta manera se ha contravenido el artículo 6 del convenio 169 de la OIT”. Lo mismo ocurre cuando se refiere al DL 1090 o “Ley de la Selva”, señalando que en “la citada norma las concesiones son otorgadas a los empresarios por plazos renovables de cuarenta años, sin embargo, en ninguna parte se señalan que estas estén circunscritas a determinadas zonas de manejo de superficie forestal. No se considera la consulta a los pueblos indígenas que viven en la zona concesionada. En el artículo 10 correspondiente a permisos y autorizaciones no se señala la consulta que debe realizarse a los pueblos indígenas. La norma no contempla la superposición de concesiones y los problemas de demarcación de territorios de las comunidades indígenas”.
(6) Entre otros medios, en la entrevista concedida a la revista Idéele, la señora Aráoz dijo: “La derogatoria del DL 1090 y su modificatoria, la ley 29317, nos lleva a un incumplimiento de nuestros compromisos internacionales que, gracias al diálogo que establecieron las autoridades peruanas con sus contrapartes, nos permite evitar potenciales sanciones, por el momento”. Ver en http://www.revistaideele.com/node/502?page=0%2C1
(7) En una entrevista a la periodista Paola Ugaz en Terra Magazine, el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que Mercedes Aráoz tuvo responsabilidad política por el Baguazo, durante su paso por la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Simon mencionó que Aráoz no dio información exacta al Ejecutivo sobre si los decretos legislativos afectaban o no a la Amazonía. Ver en http://www.actualidadambiental.pe/?p=1818.
(8) A quienes critica que sólo promueven los derechos de la población en los lugares más alejados sin subrayar sus deberes y responsabilidades, además de no promover un diálogo intercultural con el Estado (Informe Final, página 82, párrafo doce).
(9) A quienes acusa de irresponsabilidad en el manejo de la información (Informe Final, páginas 79, párrafo seis, página 82 párrafo seis).
(10) A quienes imputa parcialización con el movimiento indígena “confundiendo su papel evangelizador y de equilibrio entre el Estado y la ciudadanía” (Informe Final, página 82, párrafo once).
(11) El Informe Final hace reiteradas referencias a los congresistas nacionalistas Janet Cajahuanca, Marisol Malpartida, José Maslucan y Rafael Vásquez (Informe páginas 32, segundo párrafo, página 41 sexto párrafo, página 82 cuarto párrafo).
(12) Informe Final, página 82, cuarto párrafo.
(13) En este último aspecto, es notorio, además, el interés de promover la criminalización de éstos, tal como se advierte cuando, por ejemplo, sin citar ni escuchar al implicado, se señala que “El Presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú (ODECOFROC) Zebelio Kayap, junto con otros indígenas secuestraron a seis trabajadores de la minera Afrodita en la provincia de Condorcanqui”. “Otros indígenas” y “seis trabajadores” que, a diferencia del Presidente de ODECOFROP, no se identifican en ningún momento en el informe, ni se cita la fuente de las gravísimas aseveraciones que se hacen al respecto. Ver al efecto, Informe, página 31, tercer párrafo.
(14) Por ejemplo, Informe Final, página 24 párrafos segundo, tercero y cuarto; página 25 párrafos cuatro, cinco, seis y siete; página 26 tercer párrafo; página 27 primer párrafo; página 28 tercer y quinto párrafos; o página 29 tercer párrafo.
(15) Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Señor James Anaya, “Observaciones sobre la situación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú”, 20 Julio de 2009, páginas 11-14.
Lima, 3 dic (PL) La parlamentaria opositora peruana Juana Huancahuari responsabilizó hoy al gobierno por las muertes de dos campesinos en la norteña región de Piura, a manos de la policía, en un incidente que dejó además varios heridos.
La legisladora sostuvo que el Ejecutivo promueve la represión en la zona del incidente, la comunidad de Cajas Canchaque, cuyos pobladores se oponen a la instalación de un proyecto cuprífero de la transnacional Río Blanco.
Según el representante del Defensor del Pueblo en la región de Piura, Vito Verna, la policía dio muerte ayer a balazos a los labriegos Vicente Romero y Cástulo Correa e hirió a Joaquín Ramírez, Eulalia Romero, José Ramírez, Polemón Tocto y Rogelio Rojas.
El jefe de la policía de la zona, Walter Rivera, confirmó que el incidente se registró cuando los uniformados intentaban detener a tres sospechosos de un ataque armado a un campamento de Río Blanco, que el mes pasado dejó tres muertos.
Diversas versiones de prensa indican que un grupo de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía (Diroes), una unidad de tropas de élite, trataba de hacer los arrestos, lo que fue rechazado por la población, por no haber pruebas contra los supuestos sospechosos.
En el forcejeo, indican las informaciones, la policía abrió fuego y el luctuoso incidente es consecuencia de la política oficial que pretende hacer de Perú un país exclusivamente minero, petrolero y gasífero, según Huancahuari.
La legisladora agregó que esa política favorece a las transnacionales en desmedro de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, y de la biodiversidad que los nativos defienden ante el peligro de contaminación de sus tierras por los emprendimientos mineros y petroleros.
La Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (Conacami) afirmó que en la operación de ayer participaron más de 100 agentes, los que, además de dar muerte a dos campesinos y causar heridos, detuvieron a numerosos comuneros.
Conacami y los comuneros involucrados en el conflicto han denunciado que el ataque al campamento de Río Blanco por un grupo de encapuchados, el 1 de noviembre pasado, puede haber sido una provocación para reprimir a los campesinos.
Los atacantes dieron muerte a un empleado y a dos guardias de seguridad y destruyeron el campamento, tras lo cual el gobierno anunció la instalación de una base militar para dar seguridad a la transnacional minera.
La Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica-FEDECH, cumple con el penoso deber de comunicar a los compañeros y compañeras de las distintas bases de las organizaciones agrarias y comunidades campesinas, instituciones y organizaciones vinculadas con el movimiento campesino el sensible fallecimiento de la que en vida fuera compañera Rosa Cóngora Cárdenas, dirigente infatigable y miembro de nuestra Junta Directiva.
Según los reportes de la prensa boliviana y peruana, la compañera Rosa Cóngora participaba de una pasantia de intercambio de experiencias en temática agraria en Bolivia y en circunstancias en que se trasladaba junto a otros miembros en un bus por la provincia de Sud Yungas sufrieron un accidente fatal.
Como organización campesina queremos rendir tributo a la memoria de la c. Rosa Cóngora por su valiente posición en las batallas por las reivindicaciones nuestras y por desarrollar una propuesta que ayuda a resolver los problemas de las familias campesinas más pobres de nuestra región.
Rosa Cóngora, desempeñó el cargo de Secretaria de la Mujer en nuestra gloriosa organización, actuando con honestidad y lealtad.
Revaloramos el trabajo frente a la propuesta sierra productiva en la que estaba compenetrada nuestra c. Rosa Cóngora y la de promoción de las dieciocho tecnologías validadas precisamente en las comunidades campesinas de Acraquia desde el 2002 y producto de estas experiencias se logro aprobar el Programa Chacra Productiva, que espera su implementación en las comunidades campesinas más pobres de las regiones de Apurímac, Cusco, Junin, Ayacucho y Huancavelica.
Como comprometida con el campo Rosa Cóngora difundió vía los Yachachiq en comunidades campesinas la experiencia de los pequeños productores por la seguridad alimentaria, y por mezquindades políticas y celos de las autoridades, nunca han querido reconocerla ni han querido respaldarla como lo hecho en Acraquia, Tayacaja.
Como movimiento campesino, nos comprometemos ha rescatar el ejemplo de la compañera Rosa Cóngora, para que las familias campesinas pobres, tengan la seguridad de una mejor calidad de vida mediante las experiencias de desarrollo productivo con el uso de las dieciocho tecnologías validadas.
¡Viva la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica! ¡Viva la compañera Rosa Cóngora como luchadora campesina! ¡Viva el movimiento social y campesino por sus justas reivindicaciones!
Pocas lideresas han dedicado su vida en beneficio del agro y el campesinado peruano como lo hizo Rosa Cóngora Cárdenas (40), lideresa huancavelicana fallecida el pasado 21 de noviembre en un accidente de tránsito, en Bolivia.
Hay un hilo conductor entre la lección de vida de Rosa Cóngora y los logros de las comunidades campesinas de Huancavelica, para la promoción de Sierra Productiva, el derecho a la territorialidad de las comunidades y especialmente, las iniciativas para superar la pobreza.
Cóngora Cárdenas murió junto a 15 personas al desbarrancarse el bus en el que viajaban. Con ella también se fueron Julia Ruth Quispe (45) y Arturo Mancilla (35), oriundos de Cusco y miembros del Secretariado Rural Perú-Bolivia.
El esfuerzo, la enseñanza y el carisma de Cóngora serán los principales motivos para seguir su ejemplo y las campesinas que quedamos tenemos el reto de inspirarnos en ella para mantenernos firmes en defensa de los derechos colectivos de las comunidades campesinas.
Nacida en Pampas, Tayacaja, Rosita, como era conocida, fue una apasionada por ensayar nuevas técnicas de innovación agrarias para mejorar y hacer eficiente la producción, su temprano deceso le impidieron cuajar una candidatura a nivel local.
La Confederación Campesina del Perú (CCP) sufre una gran pérdida de una de sus ex dirigentes nacionales, quien en la época del fujimontesinismo cumplió el papel de articuladora de la marcha de los cuatro suyos en su departamento.
Descansa en paz, Rosa, compañera incansable, yachachiq y amiga.
Los deudos siguen en su tenaz lucha exigiendo justicia por la muerte de sus 24 niños y niñas Enviado por RAAA
En Tauccamarca (Cusco), el 22 de octubre de 1999, cincuenta niños se intoxicaron después de consumir leche contaminada con un plaguicida organofosforado, de los cuales 24 murieron y el resto sobrevivió con diferentes secuelas en su desarrollo.
Han pasado 10 años y los deudos no han recibido justicia, ninguno de los responsables de este lamentable suceso ha tenido una actitud de adecuada respuesta frente a lo sucedido.
En ese entonces, este lamentable suceso llamó la atención de políticos, técnicos y de toda la opinión pública y se les prometió muchas cosas, sin embargo con el transcurrir del tiempo se olvidaron del caso; pero los deudos año tras año vienen realizando gestiones y acciones con mucho esfuerzo, perseverancia, tenacidad; muchas veces afrontando grandes dificultades y limitaciones, decididos y con la esperanza de obtener JUSTICIA.
Victoriano Huarayo Torres, representante de los deudos de Tauccamarca, una vez más está en Lima, gracias a su perseverancia y deseo de que la muerte de los 24 niños y niñas no quede impune. Ellos solicitan: - Aprobación inmediata por el Pleno del Congreso de la República del Informe Taucamarca elaborado por una Subcomisión que recomendaba sanciones para los responsables y que nunca fue sometido al pleno. - Que el Séptimo Juzgado de Lima resuelva la demanda. Nos indigna la gran lentitud del proceso , ¿será porque somos campesinos? - Cumplimiento de la indemnización ofrecida por el gobierno de entonces por la muerte de 24 niños. - Sanción a la empresa Bayer por no haber retirado del mercado el parathion a pesar que este producto ya estaba prohibido. - Apoyo del gobierno actual en asistencia técnica y proyectos de desarrollo para que nuestra comunidad salga de la extrema pobreza. - Prohibir el comercio y uso de los plaguicidas de la categoría extremada y altamente tóxicos que se venden en el mercado libremente con etiqueta roja.
10 de septiembre del 2009: ¡En memoria de Lee, la lucha continúa!
La Vía Campesina
Hoy celebramos el día internacional de las luchas campesinas contra la OMC. Cada año, con ocasión de esta fecha, rememoramos el 10 de septiembre del 2003 y nuestra movilización contra la OMC en Cancún.
Para las campesinas y campesinos del mundo, la lucha contra la OMC es una lucha por la vida. En efecto, entre más avanza la aplanadora de la liberalización, mayor es el número de campesinos que desaparecen. En el 2003, los campesinos coreanos hacían parte de aquellas personas a las que las políticas neoliberales golpeaban más duramente. Bajo la presión de la fuerte competencia de las importaciones a bajos precios, muchos productores se vieron en la imposibilidad de vender sus propias cosechas. El señor Lee Kyung Hae, hacía parte de estos campesinos a quienes el comercio internacional niega el derecho de vivir dignamente de su oficio. En Cancún, Lee escaló la reja enfrente de la OMC, con un cartel sobre el cual estaba escrito : "La OMC mata a los campesinos". Algunos instantes después, vimos sangre que brotaba de su pecho. Lee se había sacrificado para recordar a los grandes que deciden sobre el planeta sus correspondientes responsabilidades frente a la desaparición de las economías campesinas en el mundo.
Seis años más tarde, a pesar de su muerte, nada ha cambiado.
En el 2009, los campesinos coreanos viven con pavor la apertura programada del mercado de arroz y el desplome del mercado de este cereal. Este año, con la ocasión de la celebración del 10 de septiembre, y en memoria de Lee, el campesinado coreano se movilizará masivamente tras el eslogan : "¡No a la OMC, preservemos el precio del arroz !".
Preservar un precio remunerador es extremadamente difícil, puesto que cada vez más, las multinacionales controlan el conjunto de la cadena alimentaria, de la producción hasta la comercialización. Poseedoras de las reservas mundiales, especulan sobre los precios de los productos agrícolas. Los precios se disparan en su beneficio, en detrimento de los consumidores más pobres, nuevas victimas de las políticas neoliberales de la OMC que favorecen dichas multinacionales. Los campesinos se suicidan y las personas mueren de hambre puesto que no pueden comprar más los alimentos. Las consecuencias del libre comercio predicado por la OMC y por los acuerdos bilaterales son completamente intolerables.
A esto se suman los impactos ecológicos de la liberalización. Entre más sean mercantilizadas, liberalizadas y comercializadas la naturaleza, la agricultura y la alimentación, en los cuatro puntos cardinales del planeta, mayor serán las emisiones de gas con efecto invernadero. Una institución como la OMC así como los acuerdos bilaterales de libre comercio son los verdaderos peligros para la humanidad y para el planeta mismo.
Este año, para La Vía Campesina, la conmemoración de la memoria de Lee ha comenzado desde el 3 de septiembre con el encuentro organizado frente a la iniciativa del gobierno de India que pretende relanzar el ciclo de Doha. Más de 50 000 manifestantes se dieron cita en las calles de Nueva Delhi. Reforzados con esta movilización, mantendremos este espíritu de lucha en los meses por venir.
Hacemos un llamado a todas las personas que nos apoyan para que nos juntemos y organicemos acciones que denuncien la brutalidad del control de la economía llevada a cabo por las multinacionales. Habrá un buen número de ocasiones que se nos presentan en los siguientes meses para exigir por parte de nuestros dirigentes compromisos más concretos a favor de la soberanía alimentaria.
• El próximo 16 de octubre, La Vía Campesina tomará parte y organizará acciones contra la multinacional Monsanto que continúa acaparando las tierras y las semillas que son patrimonio de la humanidad (para más información ver: http://www.combat-monsanto.co.uk/). En México, cuna de miles de variedades de maíz, y donde después de marzo del 2008, una ley autoriza el cultivo de maíz transgénico, se sucederán acciones en todo el país y se organizará un foro internacional. No dude en comunicarnos con anterioridad cualquier proyecto de acción contra Monsanto a : viacampesina [at] viacampesina.org de manera que podamos hacer eco de sus iniciativas.
• Del 16 al 18 de noviembre, La Vía Campesina estará presente con una gran delegación en la Cumbre Mundial de la FAO sobre la Seguridad Alimentaria en Roma. Esta cumbre de jefes de estado se revela de una importancia crucial puesto que adoptará muy probablemente las reglas de funcionamiento de la nueva gobernancia mundial frente a las cuestiones relativas a la agricultura y a la alimentación. Antes de la Cumbre, del 13 al 17 de noviembre, el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria (CIP), bajo la responsabilidad de un Comité de Pilotaje, organizará un Foro Paralelo para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este Foro contará con espacios específicos para las mujeres, los jóvenes y los pueblos autóctonos, con el fin de debatir las diferentes estrategias relativas a la soberanía alimentaria. Este foro culminará un día antes del fin de la Cumbre a fin que las soluciones propuestas por la sociedad civil para salir de la crisis sean presentadas ante los jefes de estado.
• Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se llevará a cabo en Ginebra, la Séptima Conferencia Ministerial de la OMC. La Vía Campesina contó con una presencia fuerte y determinada en Seattle, Cancún y Hong Kong. Este año estaremos también presentes en Ginebra. Ciertamente, dada la debilidad actual de la OMC, y la renovación al seno de varias delegaciones, habrá pocas opciones de que la 7ª Conferencia produzca avances determinantes. Esta conferencia ha sido entre otras, presentada oficialmente como un encuentro de evaluación general del sistema comercial multilateral y no como una sesión de negociación. Pero, al tiempo que se habla de esto, el G20, India y el director de la OMC multiplican todas las iniciativas posibles de encuentros para tratar de lograr exitosamente en el 2010 un ciclo de Doha ahora agonizante. A lo largo de los meses por venir y hasta la conferencia de finales de noviembre, las organizaciones campesinas de La Vía Campesina van a mantener la presión sobre sus gobiernos. En India, por ejemplo, luego de la reunión de Nueva Delhi y de las declaraciones del ministro indio, el trabajo de movilización contra la OMC y los acuerdos bilaterales de libre comercio prosigue a lo largo y ancho del país. En Estados Unidos de igual forma, las organizaciones de La Vía Campesina América del Norte, preparan acciones contra la reunión del G20, prevista en Pittsburgh, del 23 al 25 de septiembre próximos.
• Del 7 al 18 de diciembre tendrá lugar en Copenhague la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15). Con el objetivo de vincular Ginebra a Copenhague, la red Climate Justice Action, bajo el apoyo a su vez de numerosas redes, organiza una caravana en la que participará La Vía Campesina. Por el momento se prevé dos rutas con etapas en Francia, Bélgica y Alemania. Pueden apoyar esta iniciativa participando en la recepción de las diferentes etapas. En Copenhague, La Vía Campesina participará con todos los otros movimientos sociales en la gran marcha programada para el 12 de diciembre. Organizaremos acciones campesinas el 13 de diciembre y participaremos también en la jornada especial de acciones sobre la agricultura, prevista para el 15 de diciembre. Por otra parte, hemos ya reservado algunos talleres sobre soberanía alimentaria y coorganizaremos un foro con la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra y la Global Forest Coalition. Los y las jóvenes de Reclaim the fields estará igualmente presentes y activos a lo largo de toda la reunión de la COP 15 (más información en: www.reclaimthefields.org)
Cualquiera que sea la ocasión, únete a nuestras movilizaciones. Comunícanos tus acciones y envíanos fotos y videos a: viacampesina [at] viacampesina.org.
¡Todas y todos juntos, globalizemos la lucha, globalizemos la esperanza!
El Frente Nacional por la vida y la soberanía, integrado por organizaciones sindicales, indígenas, de pueblos amazónicos, de productores, de jóvenes, de mujeres, partidos políticos, frentes regionales, reafirma la jornada nacional de lucha del 8 de julio y el paro andino-amazónico del 7, 8 y 9 de julio, exigiendo:
1.- Retorno al Perú de Alberto Pizango, líder amazónico y del Frente Nacional, con garantías y libertad, a encabezar la negociación con el Gobierno. No a la criminalización de la protesta social y persecución de los dirigentes sociales, populares y politicos que batallan por el cambio. Corte de juicio contra los dirigentes amazónicos, de AIDESEP, de los Frentes Regionales y gremios perseguidos y presos. Derogar los DL 982, 983, 988 y 989. Restitución de los 7 congresistas suspendidos. Fuerza de Ley al Convenio 169 de OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
2.- Inmediata renuncia del Gabinete Simon-Cabanillas-Flores Araóz. Condenar el abuso, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos y la corrupción del gobierno de Alan García y del régimen político, cada vez más ilegítimo y más repudiado. ¡Respeto a la dignidad y los derechos de los pueblos y a los hombres y mujeres del pueblo peruano!
3.- ¡Fin a la política económica neoliberal y primario exportadora, de sello antipopular y antinacional, que echa la crisis sobre los hombros de las mayorías empobrecidas, los trabajadores del campo y la ciudad, los pueblos originarios y sobre el agro y la industria nacional! Derogación de los DL para implementar el TLC con EEUU lesivos al país, de la Ley de Carrera Pública Magisterial que agrede los derechos del magisterio nacional, y las medidas contra los trabajadores de salud. Atender las justas demandas de los transportistas.
4.- Una política económica al servicio de la gente, un Estado que proteja los intereses e ingresos de las mayorías y de la producción nacional. ¡Basta de privatizaciones y entrega de nuestros recursos naturales, servicios y empresas públicas al negocio extranjero! ¡Protección al agro, las MYPES y la industria nacional en lugar de regalar el mercado interno a países extranjeros a través de los TLC! Suspender la aplicación de los TLC y la negociación de nuevos TLC, como el de la Unión Europea , por ser lesivos al país.
5.- Rebaja del costo de vida: Control de precios de los servicios públicos. Rebaja de la luz. No a la exportación del gas de Camisea. Ejecutar la inversión pública descentralizada comprometida. Programas de empleo de emergencia y reposición de despedidos. Aumento de sueldos, salarios y pensiones. Aumento del presupuesto de programas sociales, de salud y educación. Crédito y apoyo al agro. ¡Reforma Tributaria para que los ricos paguen más! Solución y atención a las demandas de las poblaciones y sectores sociales en lucha en todo el país. Declaración del agua como Derecho Humano.
6.- Cambio de régimen político, económico y social: Nueva Constitución y una Asamblea Constituyente de elección popular para construir un Estado Democrático y participativo, Descentralizado, Plurinacional y de Unidad en la Diversidad , con un nuevo pacto social por la justicia social y una economía al servicio de la gente, sobre el equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos; servicios públicos y derechos laborales y sociales.
Los invitamos a ver este video de dos minutos y medio realizado con actores argentinos sobre los efectos de la gran minería.
