Cuenca del Ene bajo amenaza por lote petrolero 108

El lote 108, otorgado por el Estado a la transnacional Pluspetrol para exploración y explotación de hidrocarburos representa un grave riesgo para la vida de miles de habitantes de los pueblos, distritos y provincias de Ayacucho (Huanta y La Mar), Junín (Satipo, Chanchamayo), Cusco (La Convención), Pasco (Oxapampa) y Ucayali (Atalaya), alertó la congresista Juana Huancahuari.

De explotarse petróleo en esta zona, que comprende casi toda la cuenca del río Ene, se estaría afectando la vida de pobladores, plantas y animales de las localidades de Sivia, Llochegua, San Francisco, Pichari, Kimbiri, San Martín de Pangoa, Mazamari, Atalaya, San José de Cutivireni, Puerto Prado, Puerto Ocopa, Satipo, Pichanaki, entre otros.

De acuerdo a la información obtenida, el lote 108 se encuentra todavía en proceso de exploración, por lo que es pertinente que la sociedad civil de estas regiones, indígenas y no indígenas, exprese su preocupación ante las autoridades pertinentes con el fin de hacer respetar su derecho a la consulta, amparado en el Convenio 169 de la OIT y principalmente su derecho a vivir en un ambiente sano.

La reserva comunal asháninka y el Bosque de Protección San Matías-San Carlos no serían los únicos afectados por la superposición del Lote 108, sino que se añadirían aquellas poblaciones que se encuentran en todo el curso del río Ene, debido a que forman parte integrante de la misma cuenca, dijo la congresista.

Tanto la reserva comunal (2003) como el bosque de protección (1987) fueron creados con anterioridad a la firma del contrato con Pluspetrol, que fue en el 2005, por lo que constituye una superposición irregular. “El lote 108 abarca casi la cuarta parte de la provincia de Huanta. ¿Alguien en Huanta ha sido consultado sobre la presencia de este lote?, ¿se ha consultado a los indígenas asháninkas?, ¿este es el tipo de desarrollo contaminante que ofrece el Estado a estas poblaciones?”, se preguntó.

Para la congresista Huancahuari, se están vulnerando los derechos de las personas y los derechos del medio ambiente, los cuales deberían regir la política de Estado y no al revés, que privilegia contratos desventajosos para el país.

OFRECEN 25 LOTES MÁS
En tal sentido, Huancahuari Páucar mostró su rechazo al anuncio de licitación de 25 nuevos lotes petroleros y de gas en las cuencas del Marañón, Ucayali, Huallaga, Santiago y Sechura, porque carece de mecanismos de diálogo y de consulta previa con la población.

PLUSPETROL EN PERÚ
Pluspetrol posee siete lotes para explotación de hidrocarburos en el Perú, entre los que se encuentran el 56 y el 88 de Camisea. Opera en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Angola, Venezuela y Perú. Ha sido denunciada por contaminación ambiental producto de sus operaciones en los lotes 1AB y 8.

El lote 108 abarca una extensión de un millón doscientos cuarenta y un mil, seiscientos setenta y cinco punto novecientos cincuenta y dos hectáreas (1’241,675.952 ha).
En diciembre de 2005, PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION suscribió el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en este lote.

Pluspetros E&P S.A. posee el 70% y Reliance Exploration & Production DMCC, Sucursal del Perú el restante 30%.
Decretos Supremos: 036-2005-EM, 051-2008-EM

72% DE LA AMAZONÍA CONCESIONADA PARA HIDROCARBUROS
El setenta y dos por ciento de la Amazonía peruana está ocupada por concesiones para explorar y explotar hidrocarburos, lo que ocasiona conflictos y amenaza a la biodiversidad y a los pueblos indígenas, afirma un estudio publicado este mes por investigadores de la Universidad Duke de Carolina del Norte y de las organizaciones no gubernamentales Save America's Forests y Land is Life, con sede en Estados Unidos. Hace tres años, habían 44 millones de hectáreas de la amazonía concesionadas. En la actualidad no se cuenta con datos estadísticos, pero se teme que haya aumentado.

Huancahuari: Pueblos indígenas encarnan un nuevo actor político y social que debe ser valorado

Lima, 3 de junio de 2010.- Los pueblos indígenas han realizado uno de los aportes más trascendentes en la historia republicana al demostrar al país que existen y que hacen valer sus derechos, aseguró la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari, en la víspera de la conmemoración por los trágicos sucesos de Bagua.

“A partir de Bagua, el Estado y la sociedad peruana saben que un nuevo actor político y social ha insurgido en el país y que deben cambiarse actitudes, procedimientos y leyes para garantizar una verdadera inclusión con prácticas interculturales de ambas partes”, sostuvo.

Huancahuari Páucar, quien confirmó su asistencia para mañana 5 de junio en la Curva del Diablo, consideró que la principal tarea del Estado es incorporar la visión de desarrollo de los pueblos indígenas en los destinos del país, la cual ha demostrado ser armónica con la madre naturaleza y racional en el cuidado del ecosistema en cualquiera de sus pisos altitudinales.

Sin embargo, señaló, existen algunos sectores interesados en acentuar la confrontación entre indígenas y no indígenas, y presentar a los primeros de violentistas y salvajes, cuando, en verdad, su lucha se enmarca en la justicia social, la paz y el buen vivir.

Huancahuari invocó a la Presidencia del Consejo de Ministros difundir entre sus funcionarios los contenidos del Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la nueva Ley de Consulta Previa.

Finalmente, precisó que en Bagua asistirá para expresar su solidaridad con la población y con los familiares de los nativos y policías caídos el año pasado.

Datos:
* Juana Huancahuari es una de las siete congresistas suspendidas el pasado 11 de junio de 2009, mientras exigían la derogatoria de varios decretos legislativos.

* Hasta hoy, el Perú carece de políticas públicas coherentes, articuladas y continuas para los pueblos indígenas.

* Un estudio de 2005, determinaba que entre el 25% y el 48% de los hogares en Perú se autodenominan indígenas. El estudio mencionado también permitió estimar por primera vez a la población indígena urbana: 36% de la población urbana en la costa y 50-57% de la población en las ciudades andinas se autodenomina indígena.

Ley de consulta aprueba el consentimiento entre el Estado y los pueblos

Lima, 19 de mayo de 2010.-La ley de consulta aprobada por el Pleno del Congreso dispone como objetivo lograr el consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, respecto no solo de medidas legislativas y administrativas sino también de planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

El Estado tiene la enorme responsabilidad de adecuar sus normas y adoptar mecanismos que garanticen el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, tras la aprobación de la ley de consulta por el Pleno del Congreso, indicó la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.

La nueva ley, aprobada en primera votación por 62 votos a favor, 7 en contra y seis abstenciones, y por unanimidad en segunda votación, deja pendientes vacíos que deberán ser regulados a través de un reglamento.

Por ejemplo, quedó pendiente precisar cuál será el organismo especializado en materia indígena que, en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, precisaba que era el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano (Indepa), y que tendría la función de asesorar y supervisar los procesos de consulta.

Asimismo, falta adecuar el Reglamento del Congreso para que se cree una Comisión Multipartidaria del Congreso que se encargue de realizar consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevea adoptar una ley que pudiera afectarlos directamente.

CAMBIAR LA MENTALIDAD DEL ESTADO
Huancahuari precisó que, no obstante, la tarea más importante será cambiar la actitud del Estado respecto de la visión y las formas de entender el desarrollo de los pueblos indígenas que no siempre es el mismo que pretende el Estado.

Es necesario vigilar que el Estado actúe en todos los casos de buena fe, que sea transparente en su accionar, y que su objetivo sea lograr el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas. Huancahuari saludó a las organizaciones amazónicas y campesinas, las cuales ahora poseen una nueva norma que dispone el cumplimiento de sus derechos a ser consultados.

La mayoría de parlamentarios resaltó la actuación del congresista Edgar Reymundo, quien sustentó el dictamen de Constitución, al recoger sabiamente las propuestas que fluyeron del debate y que se centraban en incluir el término “consentimiento” y retirar la oración sobre el no derecho a veto del artículo tres.
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Advierten peligro de conflictos sociales en nueva ley

El Congreso aprobó una ley que generaría conflictos entre las municipalidades y las comunidades campesinas y nativas por el permiso y el cobro de extracción de materiales de canteras y de los cauces de ríos para obras de infraestructura, señaló la parlamentaria Juana Huancahuari.

La norma, que modifica la Ley 28221, permite a las municipalidades autorizar la extracción de materiales, a la que se añade la facultad de sancionar y de emitir ordenanzas que reglamenten el derecho por extracción, fijación y cobro del monto de las tasas.

Tal como fue aprobada, la norma no prevé la superposición entre el ámbito municipal y el de las comunidades, por lo que podría ocurrir que una municipalidad otorgue un derecho de extracción a una empresa en un río de uso comunal o en una cantera que se encuentre en territorio de una comunidad, señaló la parlamentaria Juana Huancahuari.

En la región Ayacucho, por ejemplo, existen muchos municipios cuyo ámbito territorial es el mismo que el de la comunidad, agregó.

La norma establece como causal de suspensión de la extracción cuando se contamine el medio ambiente o se afecte la propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, entre ellas las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, no considera el derecho de consulta previa que propuso la parlamentaria Juana Huancahuari, en caso de ocurrir estas superposiciones.

Las municipalidades deberían adecuar esta ley a sus realidades, respetando la propiedad colectiva de las comunidades, la cual es imprescriptible y se encuentra amparada en el Convenio 169, puntualizó la congresista.

Otra causal de suspensión de la extracción es cuando se impide la supervisión, fiscalización y/o control de la municipalidad, así como la invasión de área no autorizada o por no respetar la cantidad o tipo de extracción de material autorizado.

Por material de cantera se entiende aquellos que se usan para fines de construcción, tales como limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros.

Aprobada la ley por el Congreso, pasará en calidad de autógrafa al Presidente de la República para su promulgación.

Ley de Consulta Previa solucionaría conflictos socioambientales

El proyecto de consulta previa a los pueblos indígenas es una norma muy esperada por las comunidades, aseguró la congresista Juana Huancahuari, porque permitiría dar solución a las decenas de conflictos socioambientales que abundan en el país.

La representante por Ayacucho precisó que en la actualidad se han incrementado los conflictos por la presencia de mineras y petroleras debido a que el Estado no cumple con consultar a las comunidades campesinas y nativas si desean o no que se ejecuten proyectos en sus territorios.

El derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que les afectan, es uno de los postulados más importantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, que fue ratificado por el Perú en 1994, y a través del cual el Estado está obligado a adoptar mecanismos que contribuyan a su cumplimiento.

“Aun cuando el Convenio 169 es vinculante y no necesita de otra norma ni de un reglamento para aplicarse, el proceso de consulta previa requeriría cuando menos un marco legal nacional que garantice el diálogo, la inclusión y participación de los pueblos en las políticas públicas, con la intención de alcanzar el consentimiento de la población”, añadió.

El informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso sobre pueblos indígenas ha propuesto en sus recomendaciones la adecuación de normas y la adopción de mecanismos y políticas de inclusión con miras a implementar el proceso de consulta en todos los niveles de la administración pública, el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales.

Con la ley de consulta previa, el Estado y las empresas tomarán conocimiento de las verdaderas necesidades y puntos de vista de estos pueblos y pondrán mayor empeño en establecer el diálogo como medio para negociar beneficios mutuos y respetar sus decisiones, aseveró.

Huancahuari Páucar explicó que tanto el Convenio 169, que garantiza el derecho de consulta, como la Declaración de Naciones Unidas, que garantiza el consentimiento previo, libre e informado, son instrumentos que forman parte de una serie de derechos de los pueblos indígenas que se van adoptando y protegiendo a nivel internacional.

“El Estado peruano no puede caer en el anacronismo y aislarse del mundo con sus leyes antiindígenas, por el contrario, está en la obligación de aportar a esta tendencia de reconocimiento de derechos de las comunidades campesinas y nativas”, puntualizó.

Congresista Huancahuari advierte intención del gobierno para desplazar nativos y campesinos

Ejecutivo presenta modificación a Ley 28223 sobre desplazados

La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.

El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.

“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, anotó.

“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas, represas) los indígenas tendrán que irse a otro sitio.

Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.

Aun cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva y que ha intentado de muchas formas destruir a las comunidades con el único objetivo de beneficiar a los inversionistas privados

“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.

Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.

De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.

“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.

DATOS: El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.

En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.

En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.

En octubre de 2007, el gobierno presentó el proyecto 1640 que declaraba de "interés nacional" a 20 proyectos mineros, sin considerar que se superponían a áreas naturales protegidas ni a territorios comunales. Asimismo, en ese mismo año, el gobierno pretendió presentar un proyecto que recortaba 200 mil hectáreas al parque Bahuaja Sonene.

En estos momentos, el gobierno del presidente García está interesado en promover la construcción del proyecto Inambari, en el departamento de Madre de Dios, y de otros megaproyectos de infraestructura que comprende el IIRSA.