El Pleno del Congreso de la República está en la obligación de aprobar el dictamen que modifica la ley de formalización de la pequeña minería y artesanal y evitar que ocurran más muertes, afirmó la congresista Juana Huancahuari.
El Parlamento ha tenido más de nueve meses para aprobar el dictamen Nº 2306, aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas, pero, como ocurrió en Bagua, legisla tardíamente cuando ya hay víctimas que lamentar, provenientes de los sectores sociales menos favorecidos, indicó.
Huancahuari Páucar dijo que la responsabilidad política por la muerte de seis mineros recae en la ineficiencia del ministro del Interior y el presidente Alan García, quien lleva durante su gobierno más de 40 civiles asesinados por la policía por reclamar sus derechos sociales.
Invocó al gobierno a despojarse de su soberbia para resolver de buena fe la demanda de los mineros artesanales y la instalación de una comisión de alto nivel.
“El gobierno se desentendió cuando le pidieron hace tiempo que derogue los decretos 012, 1010 y 1040, luego vino el paro que ha resultado catastrófico para la estabilidad del país. Ahora que está en sus manos, el gobierno insiste en poner condiciones para dialogar”, precisó.
La parlamentaria indicó que el gobierno carece de una política de diálogo y cultura de paz institucional, que hubiese permitido incorporar a todas las partes involucradas en este conflicto, para consultarlos, recoger sus propuestas y consensuar acuerdos.
De otro lado, Huancahuari Páucar reclamó que no se tenga en cuenta la propuesta del informe sobre las aguas de la región Madre de Dios, a cargo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, el cual recomienda prohibir el comercio y libre uso del mercurio, determinar las áreas de concesiones mineras en el marco de una zonificación ecológica y económica, empadronar a los mineros en forma asociativa y un monitoreo permanente de la calidad del agua de los ríos y las enfermedades de los mineros.
El Parlamento ha tenido más de nueve meses para aprobar el dictamen Nº 2306, aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas, pero, como ocurrió en Bagua, legisla tardíamente cuando ya hay víctimas que lamentar, provenientes de los sectores sociales menos favorecidos, indicó.
Huancahuari Páucar dijo que la responsabilidad política por la muerte de seis mineros recae en la ineficiencia del ministro del Interior y el presidente Alan García, quien lleva durante su gobierno más de 40 civiles asesinados por la policía por reclamar sus derechos sociales.
Invocó al gobierno a despojarse de su soberbia para resolver de buena fe la demanda de los mineros artesanales y la instalación de una comisión de alto nivel.
“El gobierno se desentendió cuando le pidieron hace tiempo que derogue los decretos 012, 1010 y 1040, luego vino el paro que ha resultado catastrófico para la estabilidad del país. Ahora que está en sus manos, el gobierno insiste en poner condiciones para dialogar”, precisó.
La parlamentaria indicó que el gobierno carece de una política de diálogo y cultura de paz institucional, que hubiese permitido incorporar a todas las partes involucradas en este conflicto, para consultarlos, recoger sus propuestas y consensuar acuerdos.
De otro lado, Huancahuari Páucar reclamó que no se tenga en cuenta la propuesta del informe sobre las aguas de la región Madre de Dios, a cargo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, el cual recomienda prohibir el comercio y libre uso del mercurio, determinar las áreas de concesiones mineras en el marco de una zonificación ecológica y económica, empadronar a los mineros en forma asociativa y un monitoreo permanente de la calidad del agua de los ríos y las enfermedades de los mineros.
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