Lima, 19 de mayo de 2010.-La ley de consulta aprobada por el Pleno del Congreso dispone como objetivo lograr el consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, respecto no solo de medidas legislativas y administrativas sino también de planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. El Estado tiene la enorme responsabilidad de adecuar sus normas y adoptar mecanismos que garanticen el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, tras la aprobación de la ley de consulta por el Pleno del Congreso, indicó la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.
La nueva ley, aprobada en primera votación por 62 votos a favor, 7 en contra y seis abstenciones, y por unanimidad en segunda votación, deja pendientes vacíos que deberán ser regulados a través de un reglamento.
Por ejemplo, quedó pendiente precisar cuál será el organismo especializado en materia indígena que, en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, precisaba que era el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano (Indepa), y que tendría la función de asesorar y supervisar los procesos de consulta.
Asimismo, falta adecuar el Reglamento del Congreso para que se cree una Comisión Multipartidaria del Congreso que se encargue de realizar consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevea adoptar una ley que pudiera afectarlos directamente.
CAMBIAR LA MENTALIDAD DEL ESTADO
Huancahuari precisó que, no obstante, la tarea más importante será cambiar la actitud del Estado respecto de la visión y las formas de entender el desarrollo de los pueblos indígenas que no siempre es el mismo que pretende el Estado.
Es necesario vigilar que el Estado actúe en todos los casos de buena fe, que sea transparente en su accionar, y que su objetivo sea lograr el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas. Huancahuari saludó a las organizaciones amazónicas y campesinas, las cuales ahora poseen una nueva norma que dispone el cumplimiento de sus derechos a ser consultados.
La mayoría de parlamentarios resaltó la actuación del congresista Edgar Reymundo, quien sustentó el dictamen de Constitución, al recoger sabiamente las propuestas que fluyeron del debate y que se centraban en incluir el término “consentimiento” y retirar la oración sobre el no derecho a veto del artículo tres.
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