Adher, 1 de junio.- Tras 27 años de larga espera la justicia se abre paso La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda en contra del Estado peruano, la misma que fuera interpuesta en el año 2003 por el Centro Federado de Periodistas de Lima en representación de los familiares de los 8 hombres de prensa asesinados en las alturas de Uchuraccay, Ayacucho, informó Karim Ninaquispe, representante legal de la ADEHR (Asociación para el Desarrollo Humano).
Ninaquispe, refirió que la CIDH va a examinar el caso y que ha notificado a los peticionarios para que en el plazo de tres meses cumplan con presentar sus observaciones, a partir de ese plazo la CIHD resolverá si presenta el caso ante la Corte Interamericana demandando la responsabilidad del Estado Peruano.
La abogada indicó que luego de 27 años de impunidad sobre la muerte de los 8 periodistas, se reabre un caso emblemático en todo el mundo. “ADHER -dijo- está representando a los familiares de los periodistas FÉLIX MELECIO GAVILÁN HUAMÁN, JORGE SEDANO FALCÓN, PEDRO SÁNCHEZ GAVIDIA, AMADOR URPIANO GARCÍA Y OCTAVIO INFANTE”, indicó.
Como se recuerda, la muerte de los periodistas ocurrió el 26 de enero de 1983, y solo se sentenció a campesinos de la comunidad de Uchuraccay pero no se investigó la responsabilidad de las fuerzas del orden.
Por su parte, la viuda de Félix Gavilán, Eudocia Barboza Reynoso, dijo que la denuncia se basa en la observación "de todos los familiares quienes alegamos violación por parte de la República del Perú respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tras responsabilizar al Gobierno de las muertes que habrían sido causadas por una intervención militar. Asimismo, acusamos a las autoridades judiciales de no investigar la presunta participación de fuerzas del orden en la masacre y de otras irregularidades durante los juicios penales abiertos”.
De otro lado, la CIDH señala que el Estado peruano argumentó en su defensa que los sucesos del 26 de enero de 1983 “simbolizan los aciagos años de violencia vividos en el país a causa de la guerra interna”, y precisa que el asesinato de los ocho periodistas y del guía que los acompañaba fue perpetrado exclusivamente por habitantes de Uchuraccay.
* Uchuraccay es una comunidad quechua ubicada en las alturas de la provincia de Huanta (Ayacucho) a 4,000 metros sobre el nivel de mar. El 26 de enero de 1983 fueron asesinados allí los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de La República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccaíno Severino Huáscar Morales.
Asociación para el Desarrollo
Ninaquispe, refirió que la CIDH va a examinar el caso y que ha notificado a los peticionarios para que en el plazo de tres meses cumplan con presentar sus observaciones, a partir de ese plazo la CIHD resolverá si presenta el caso ante la Corte Interamericana demandando la responsabilidad del Estado Peruano.
La abogada indicó que luego de 27 años de impunidad sobre la muerte de los 8 periodistas, se reabre un caso emblemático en todo el mundo. “ADHER -dijo- está representando a los familiares de los periodistas FÉLIX MELECIO GAVILÁN HUAMÁN, JORGE SEDANO FALCÓN, PEDRO SÁNCHEZ GAVIDIA, AMADOR URPIANO GARCÍA Y OCTAVIO INFANTE”, indicó.
Como se recuerda, la muerte de los periodistas ocurrió el 26 de enero de 1983, y solo se sentenció a campesinos de la comunidad de Uchuraccay pero no se investigó la responsabilidad de las fuerzas del orden.Por su parte, la viuda de Félix Gavilán, Eudocia Barboza Reynoso, dijo que la denuncia se basa en la observación "de todos los familiares quienes alegamos violación por parte de la República del Perú respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tras responsabilizar al Gobierno de las muertes que habrían sido causadas por una intervención militar. Asimismo, acusamos a las autoridades judiciales de no investigar la presunta participación de fuerzas del orden en la masacre y de otras irregularidades durante los juicios penales abiertos”.
De otro lado, la CIDH señala que el Estado peruano argumentó en su defensa que los sucesos del 26 de enero de 1983 “simbolizan los aciagos años de violencia vividos en el país a causa de la guerra interna”, y precisa que el asesinato de los ocho periodistas y del guía que los acompañaba fue perpetrado exclusivamente por habitantes de Uchuraccay.
* Uchuraccay es una comunidad quechua ubicada en las alturas de la provincia de Huanta (Ayacucho) a 4,000 metros sobre el nivel de mar. El 26 de enero de 1983 fueron asesinados allí los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de La República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccaíno Severino Huáscar Morales.
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