“Con la carta blanca otorgada por el Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional se agravaría el proceso de criminalización de la protesta social y la persecusión a líderes indígenas”, advirtió la parlamentaria ayacuchana Juana Huancahuari.
“La alianza oficialista (Apra, UN, fujimorismo) le ha dado facultades a un gobierno que carece de una política de diálogo seria y de buena fe con las comunidades, con 255 conflictos sociales en el mes de mayo, y 1500 dirigentes sociales con procesos judiciales, de los cuales casi 600 son líderes indígenas”, agregó.
En una votación ajustada, 43 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que en 60 días legisle sobre seguridad, empleo legítimo de la fuerza, defensa nacional, orden interno, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otros.La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad indispensable de dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo para los conflictos internos denominados “conflictos de tercera generación”, en el cual la autoridad del Estado es cuestionada por grupos organizados (Nicaragua, Guatemala y el Salvador).
En una votación ajustada, 43 a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para que en 60 días legisle sobre seguridad, empleo legítimo de la fuerza, defensa nacional, orden interno, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otros.La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad indispensable de dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo para los conflictos internos denominados “conflictos de tercera generación”, en el cual la autoridad del Estado es cuestionada por grupos organizados (Nicaragua, Guatemala y el Salvador).
A los decretos legislativos 982, 983, 988, 989 entre otros, promulgados en 2007, se suma ahora esta ley orientada a arrasar con los que se oponen a la política del “perro del hortelano” con miras a dejar el campo abierto para que la inversión privada pueda apropiarse de los recursos naturales.
Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), señaló que las organizaciones han planteado una demanda de inconstitucionalidad de los cuatro decretos legislativos del 2007.
Mario Palacios, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), señaló que las organizaciones han planteado una demanda de inconstitucionalidad de los cuatro decretos legislativos del 2007.
“Los pueblos amazónicos y andinos somos objeto de persecusión mediante denuncias e incursiones policiales en nuestros territorios, con procesos judiciales que el sistema occidental nos impone, cuyos mecanismos desconocemos y que constituyen un eslabón más de la larga cadena que soportamos hace 517 años”. (Del folleto /La idea es perseguirlos, /de Aidesep y Conacami, marzo 2010)
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