Especialista dice que normas no toman en cuenta consulta a la población. Congresistas presentaron proyecto de ley para derogar mandatos.
Por Vanessa Romo Espinoza
El Comercio, 26 de enero, 2011.- Los cuestionamientos que se hicieron a los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, con los que se promueve más de 30 proyectos de inversión incluyendo variaciones en las exigencias ambientales, fueron respondidos por Pro Inversión, agencia estatal encargada de ejecutar estas normas.
De acuerdo con el director ejecutivo de esta entidad, Jorge León, estos decretos no afectan el medio ambiente. “Las autorizaciones administrativas, que permiten realizar planos en detalle y buscar financiamiento para el proyecto, se otorgarán sin los estudios de impacto ambiental (EIA). Sin embargo, ninguna obra se iniciará si no se presenta el EIA y el plan de mitigación”, informó León.
El representante de Pro Inversión agregó que esta exoneración de EIA como requisito para obtener estas autorizaciones solo facilita que se realicen obras de importancia nacional con mayor agilidad, aunque sin descuidar el plano ambiental.
“Cuando alguien pide una concesión necesita varias autorizaciones, en los municipios, en los ministerios [...] pero antes de poner la primera piedra deben estar listos estos estudios”, dijo.
A simple vista, esto permite al inversionista acelerar el proyecto, pero si los EIA no son aprobados, el inversionista no podrá ejecutarlos. “Es un riesgo que toma el que invierte en el sector privado, no el Estado”, explicó.
No obstante, León señaló que los estudios de impacto ambiental no son definitivos para el visto final de un proyecto, son consideraciones a tomar en cuenta y deben tener un buen plan de mitigación para contrarrestar estos impactos.
Consulta Previa
Patricia Patrón, consultora ambiental de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indicó que los estudios ambientales no solo son análisis del impacto que tendrá el proyecto en el entorno, sino que además involucran la opinión de los pobladores alrededor de la obra.
“Al otorgar la autorización de empezar a planear y buscar financiamiento de un proyecto, ya se ha dado luz verde a que este empiece sin haber considerado la opinión de la población”, aseveró Patrón.
La especialista indicó que esta modificación en los requisitos puede hacer que al final haya una mayor presión de las empresas para que se aprueben los EIA y se comience la obra, ya que los proyectos han obtenido una autorización previa para realizar planos.
“En este caso también es necesaria la figura de la ley de consulta previa”, dijo. Según Asunta Santillana, especialista en el tema social indígena en el DAR, este proyecto de ley continúa esperando ser discutido en el Congreso desde julio.
Ayer se conoció que la bancada nacionalista en el Congreso había presentado el proyecto de ley 4617, el cual busca derogar los decretos de urgencia cuestionados por calificarlos de inconstitucionales.
No se pronuncian
El Comercio se comunicó nuevamente con los ministerios del Ambiente y de Economía y Finanzas. Mientras el primero se excusó de dar declaraciones sobre el tema, el segundo señaló que, por cuestión de tiempo, nadie podía declarar por el momento.
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