El proyecto de consulta previa a los pueblos indígenas es una norma muy esperada por las comunidades, aseguró la congresista Juana Huancahuari, porque permitiría dar solución a las decenas de conflictos socioambientales que abundan en el país.
La representante por Ayacucho precisó que en la actualidad se han incrementado los conflictos por la presencia de mineras y petroleras debido a que el Estado no cumple con consultar a las comunidades campesinas y nativas si desean o no que se ejecuten proyectos en sus territorios.
El derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que les afectan, es uno de los postulados más importantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, que fue ratificado por el Perú en 1994, y a través del cual el Estado está obligado a adoptar mecanismos que contribuyan a su cumplimiento.
“Aun cuando el Convenio 169 es vinculante y no necesita de otra norma ni de un reglamento para aplicarse, el proceso de consulta previa requeriría cuando menos un marco legal nacional que garantice el diálogo, la inclusión y participación de los pueblos en las políticas públicas, con la intención de alcanzar el consentimiento de la población”, añadió.
El informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso sobre pueblos indígenas ha propuesto en sus recomendaciones la adecuación de normas y la adopción de mecanismos y políticas de inclusión con miras a implementar el proceso de consulta en todos los niveles de la administración pública, el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales.
Con la ley de consulta previa, el Estado y las empresas tomarán conocimiento de las verdaderas necesidades y puntos de vista de estos pueblos y pondrán mayor empeño en establecer el diálogo como medio para negociar beneficios mutuos y respetar sus decisiones, aseveró.
Huancahuari Páucar explicó que tanto el Convenio 169, que garantiza el derecho de consulta, como la Declaración de Naciones Unidas, que garantiza el consentimiento previo, libre e informado, son instrumentos que forman parte de una serie de derechos de los pueblos indígenas que se van adoptando y protegiendo a nivel internacional.
“El Estado peruano no puede caer en el anacronismo y aislarse del mundo con sus leyes antiindígenas, por el contrario, está en la obligación de aportar a esta tendencia de reconocimiento de derechos de las comunidades campesinas y nativas”, puntualizó.
La representante por Ayacucho precisó que en la actualidad se han incrementado los conflictos por la presencia de mineras y petroleras debido a que el Estado no cumple con consultar a las comunidades campesinas y nativas si desean o no que se ejecuten proyectos en sus territorios.
El derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que les afectan, es uno de los postulados más importantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, que fue ratificado por el Perú en 1994, y a través del cual el Estado está obligado a adoptar mecanismos que contribuyan a su cumplimiento.
“Aun cuando el Convenio 169 es vinculante y no necesita de otra norma ni de un reglamento para aplicarse, el proceso de consulta previa requeriría cuando menos un marco legal nacional que garantice el diálogo, la inclusión y participación de los pueblos en las políticas públicas, con la intención de alcanzar el consentimiento de la población”, añadió.
El informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso sobre pueblos indígenas ha propuesto en sus recomendaciones la adecuación de normas y la adopción de mecanismos y políticas de inclusión con miras a implementar el proceso de consulta en todos los niveles de la administración pública, el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales.
Con la ley de consulta previa, el Estado y las empresas tomarán conocimiento de las verdaderas necesidades y puntos de vista de estos pueblos y pondrán mayor empeño en establecer el diálogo como medio para negociar beneficios mutuos y respetar sus decisiones, aseveró.
Huancahuari Páucar explicó que tanto el Convenio 169, que garantiza el derecho de consulta, como la Declaración de Naciones Unidas, que garantiza el consentimiento previo, libre e informado, son instrumentos que forman parte de una serie de derechos de los pueblos indígenas que se van adoptando y protegiendo a nivel internacional.
“El Estado peruano no puede caer en el anacronismo y aislarse del mundo con sus leyes antiindígenas, por el contrario, está en la obligación de aportar a esta tendencia de reconocimiento de derechos de las comunidades campesinas y nativas”, puntualizó.
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