De Prensa LatinaLima, 3 dic (PL) La parlamentaria opositora peruana Juana Huancahuari responsabilizó hoy al gobierno por las muertes de dos campesinos en la norteña región de Piura, a manos de la policía, en un incidente que dejó además varios heridos.
La legisladora sostuvo que el Ejecutivo promueve la represión en la zona del incidente, la comunidad de Cajas Canchaque, cuyos pobladores se oponen a la instalación de un proyecto cuprífero de la transnacional Río Blanco.
Según el representante del Defensor del Pueblo en la región de Piura, Vito Verna, la policía dio muerte ayer a balazos a los labriegos Vicente Romero y Cástulo Correa e hirió a Joaquín Ramírez, Eulalia Romero, José Ramírez, Polemón Tocto y Rogelio Rojas.
El jefe de la policía de la zona, Walter Rivera, confirmó que el incidente se registró cuando los uniformados intentaban detener a tres sospechosos de un ataque armado a un campamento de Río Blanco, que el mes pasado dejó tres muertos.
Diversas versiones de prensa indican que un grupo de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía (Diroes), una unidad de tropas de élite, trataba de hacer los arrestos, lo que fue rechazado por la población, por no haber pruebas contra los supuestos sospechosos.
En el forcejeo, indican las informaciones, la policía abrió fuego y el luctuoso incidente es consecuencia de la política oficial que pretende hacer de Perú un país exclusivamente minero, petrolero y gasífero, según Huancahuari.
La legisladora agregó que esa política favorece a las transnacionales en desmedro de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, y de la biodiversidad que los nativos defienden ante el peligro de contaminación de sus tierras por los emprendimientos mineros y petroleros.
La Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (Conacami) afirmó que en la operación de ayer participaron más de 100 agentes, los que, además de dar muerte a dos campesinos y causar heridos, detuvieron a numerosos comuneros.
Conacami y los comuneros involucrados en el conflicto han denunciado que el ataque al campamento de Río Blanco por un grupo de encapuchados, el 1 de noviembre pasado, puede haber sido una provocación para reprimir a los campesinos.
Los atacantes dieron muerte a un empleado y a dos guardias de seguridad y destruyeron el campamento, tras lo cual el gobierno anunció la instalación de una base militar para dar seguridad a la transnacional minera.
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