“Al igual que el Ejecutivo, el Congreso se niega a modificar su comportamiento hacia los pueblos originarios, a los que considera seres manipulados y sin conocimientos adecuados”, explicó.
“El acercamiento a la realidad indígena la hacen desde sus prejuicios políticos, partidarios, ideológicos, y no demuestran interés por establecer un diálogo intercultural, en el que se aborden soluciones bajo el respeto de sus diferencias y la convivencia social”, añadió.
“Por el contrario, la falta de interés en adoptar nuevos procedimientos parlamentarios que apunten a consultar a los pueblos sobre los proyectos de ley que les afecten, demuestra poco respeto hacia estas poblaciones y que no se quiere implementar una norma como el Convenio 169”.
Sobre los rumores de que alguna bancada parlamentaria habría propuesto que el Estado peruano denuncie el Convenio 169 y retire su firma de dicho tratado, la parlamentaria sostuvo que “ante la incapacidad para legislar a favor, se prefiere cometer un legicidio”.
“Es una torpeza proponer la anulación del convenio porque los pueblos indígenas ya han hecho suya tal norma, y la defenderán como han defendido su derecho a la tierra, al territorio y a la vida”, puntualizó.
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