15 de octubre, 2010.- La parlamentaria Juana Huancahuari anunció que a partir del 18 de octubre estará en la ciudad de Huamanga con su equipo jurídico para atender diversos casos de palpable abuso que estarían cometiendo jueces y fiscales en contra de humildes pobladores y dirigentes sociales.
Mostró preocupación porque no se esté respetando el debido proceso a estos ciudadanos, cuyas investigaciones responderían a motivaciones ajenas a las imputadas.
Violación de menores en Lucanas. En clara inconducta funcional, el juez y fiscal de Puquio concedieron libertad condicional a Cantalicio Sánchez Quispe, denunciado por actos contra el pudor en menores. Según las pruebas, éste habría violado a niñas de 6 y 7 años aprovechando su condición de profesor. Juana Huancahuari ha pedido que la Fiscalía Suprema de Control Interno y la Oficina de Control de la Magistratura intervengan en este caso.
Caso Policarpo Alcántara Choccña. Detenido presuntamente en venganza por cuestionar la presencia de algunos malos empresarios mineros en los distritos de San Salvador de Quije y Querobamba. Según los pobladores, los empresarios incluso contarían con el apoyo de miembros del Ejército para amedrentar a los mineros artesanales bajo el pretexto de una inexistente columna terrorista en la zona.
Caso Cirilo Jorge Huamaní. Recluido en el penal Castro Castro a la espera de que en enero de 2011 se inicie su juicio por el presunto delito de terrorismo. La denuncia policial de 1989 no ha sido corroborada ni confirmada por nadie. Cirilo Jorge es un conocido poblador que desde 1985 vive en el mismo domicilio (Totorabamba, Vinchos), que incluso ha sido presidente comunal y miembro del comité de autodefensa. La congresista visitó a Cirilo Jorge en Castro Castro y viene siguiendo con atención este caso.
Caso de Comunidad Ccarhuacc Licapa. Está pendiente el desalojo de los pobladores de Llillinta Ingahuasi (Huancavelica), de los terrenos pertenecientes a la comunidad de Ccarhuacc Licapa (Paras, Cangallo), tras la sentencia a su favor. El despacho congresal ha apoyado a la comunidad en sus diversas gestiones y ha vigilado el adecuado cumplimiento de la ley.
Caso Richard Ortega. Detenido tras la huelga policial de febrero de 2010, su pedido de hábeas corpus está pendiente en segunda instancia. Tanto los suboficiales Edward Casas como Abel Hallasi, procesados también por desobediencia y motín en agravio del Estado se encuentran con orden de comparecencia desde junio. Aun sabiendo las autoridades que no existe peligro procesal, Ortega continúa detenido por los mismos delitos.
Caso Chumbilla. Otro flagrante caso de abuso de autoridad es el cometido en contra de los pobladores de Chumbilla, distrito de Canaria, quienes sufren las presiones de la minera Catalina Huanca por explotar en sus territorios. Valiéndose del fiscal Francisco Infanzón, la minera ha logrado denunciar a algunos pobladores por daños, perjuicios y desobediencia a la autoridad. La legisladora Huancahuari ha pedido que la Fiscalía Suprema de Control Interno de Lima evalúe el accionar del fiscal.
Vinchos. Comuneros de Yaruca Ccatumpampa afrontan varias denuncias por parte de abigeos que cuentan al parecer con la pasividad de las autoridades judiciales. En este caso, el despacho congresal ha venido vigilando el cumplimiento del debido proceso.
Incremento de la criminalización. A todo esto, la congresista Juana Huancahuari advirtió del incremento de diversas denuncias penales que apuntan a criminalizar la actuación de dirigentes sociales y pobladores en beneficio de quienes están vinculados al poder.
Mostró preocupación porque no se esté respetando el debido proceso a estos ciudadanos, cuyas investigaciones responderían a motivaciones ajenas a las imputadas.
Violación de menores en Lucanas. En clara inconducta funcional, el juez y fiscal de Puquio concedieron libertad condicional a Cantalicio Sánchez Quispe, denunciado por actos contra el pudor en menores. Según las pruebas, éste habría violado a niñas de 6 y 7 años aprovechando su condición de profesor. Juana Huancahuari ha pedido que la Fiscalía Suprema de Control Interno y la Oficina de Control de la Magistratura intervengan en este caso.
Caso Policarpo Alcántara Choccña. Detenido presuntamente en venganza por cuestionar la presencia de algunos malos empresarios mineros en los distritos de San Salvador de Quije y Querobamba. Según los pobladores, los empresarios incluso contarían con el apoyo de miembros del Ejército para amedrentar a los mineros artesanales bajo el pretexto de una inexistente columna terrorista en la zona.
Caso Cirilo Jorge Huamaní. Recluido en el penal Castro Castro a la espera de que en enero de 2011 se inicie su juicio por el presunto delito de terrorismo. La denuncia policial de 1989 no ha sido corroborada ni confirmada por nadie. Cirilo Jorge es un conocido poblador que desde 1985 vive en el mismo domicilio (Totorabamba, Vinchos), que incluso ha sido presidente comunal y miembro del comité de autodefensa. La congresista visitó a Cirilo Jorge en Castro Castro y viene siguiendo con atención este caso.
Caso de Comunidad Ccarhuacc Licapa. Está pendiente el desalojo de los pobladores de Llillinta Ingahuasi (Huancavelica), de los terrenos pertenecientes a la comunidad de Ccarhuacc Licapa (Paras, Cangallo), tras la sentencia a su favor. El despacho congresal ha apoyado a la comunidad en sus diversas gestiones y ha vigilado el adecuado cumplimiento de la ley.
Caso Richard Ortega. Detenido tras la huelga policial de febrero de 2010, su pedido de hábeas corpus está pendiente en segunda instancia. Tanto los suboficiales Edward Casas como Abel Hallasi, procesados también por desobediencia y motín en agravio del Estado se encuentran con orden de comparecencia desde junio. Aun sabiendo las autoridades que no existe peligro procesal, Ortega continúa detenido por los mismos delitos.
Caso Chumbilla. Otro flagrante caso de abuso de autoridad es el cometido en contra de los pobladores de Chumbilla, distrito de Canaria, quienes sufren las presiones de la minera Catalina Huanca por explotar en sus territorios. Valiéndose del fiscal Francisco Infanzón, la minera ha logrado denunciar a algunos pobladores por daños, perjuicios y desobediencia a la autoridad. La legisladora Huancahuari ha pedido que la Fiscalía Suprema de Control Interno de Lima evalúe el accionar del fiscal.
Vinchos. Comuneros de Yaruca Ccatumpampa afrontan varias denuncias por parte de abigeos que cuentan al parecer con la pasividad de las autoridades judiciales. En este caso, el despacho congresal ha venido vigilando el cumplimiento del debido proceso.
Incremento de la criminalización. A todo esto, la congresista Juana Huancahuari advirtió del incremento de diversas denuncias penales que apuntan a criminalizar la actuación de dirigentes sociales y pobladores en beneficio de quienes están vinculados al poder.
Estos y otros casos son seguidos por la parlamentaria quien precisó que en Huamanga visitará el penal de Yanamilla para verificar las condiciones en que se encuentran los detenidos.
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