26 de octubre de 2010

Reparaciones económicas quedan en promesas


El anuncio del gobierno de iniciar en el 2011 las reparaciones económicas individuales (REI), quedaría nuevamente en promesas, señaló la congresista Juana Huancahuari tras la presentación del Primer Ministro José Antonio Chang en la Comisión de Presupuesto.

“En el proyecto de Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2011 así como en sus anexos, no figura ninguna línea sobre reparaciones económicas por lo que, siguiendo la filosofía del ministerio de Economía, “si no está escrito no existe”, podemos concluir que este programa nunca se aplicará, al menos en este gobierno”, aseveró.

“Conocemos la actitud del gobierno por aplazar el inicio de este programa debido a su desinterés por reparar a las miles de víctimas que sufrieron los estragos de la violencia terrorista y, en general, la soberbia con que aborda el tema de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, dijo.

 Huancahuari informó que ha presentado a la Comisión de Presupuesto del Congreso un pedido de modificación al Pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros para que se incluyan expresamente la distribución de 20 millones para las reparaciones económicas individuales y 20 millones para las reparaciones colectivas a las comunidades.

Lo que dijo Chang

Durante su exposición, el Premier dijo que su despacho había destinado 40 millones a otorgar reparaciones colectivas.

Luego, tras la interpelación de la parlamentaria Juana Huancahuari, dijo que de esos 40 millones se separarían 20 millones para las REI, pero que este monto está supeditado al informe que presente la Comisión Técnica Multisectorial encargada de diseñar los montos y formas de pago a las víctimas.

Para la congresista Huancahuari la única garantía de que se otorguen los montos individuales a los afectados es que figure textualmente como una actividad propia, igual para el caso de las reparaciones colectivas.

Aseguró que no hay ningún motivo para condicionar la entrega de las reparaciones económicas por parte del Estado y que si el gobierno tuviera verdadera intención de resarcir, debería precisar esa actividad específica y destinarle un presupuesto mayor.

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