29 de noviembre de 2010

Unidades ejecutoras en Educación para Sucre y Fajardo


La congresista Juana Huancahuari informó que las unidades ejecutoras de Educación de Sucre y Fajardo ya son una realidad al haberse incorporado en las disposiciones complementarias del dictamen de Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2011.

“La norma está incorporando la creación de estas unidades ejecutoras, que se sujetan al presupuesto institucional de las entidades respectivas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro público, y a las disposiciones establecidas en otras normas”, señaló la legisladora.

Ambas unidades ejecutoras corresponden al Pliego Gobierno Regional del departamento de Ayacucho.

Las unidades ejecutoras figuran en la disposición complementaria número 29°.

Mariscal Cáceres se incorpora a Programa de recuperación

Asimismo, en la 57° disposición complementaria, se autoriza al Pliego 010 del ministerio de Educación, a efectuar mediante Resolución Ministerial la incorporación de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho, al Programa Nacional de Recuperación de las instituciones educativas emblemáticas y centenarias.

La congresista Juana Huancahuari sostuvo que junto a las autoridades y población en general se pudo incorporar dicho dispositivo que contribuye a mejorar las condiciones de estudio de la niñez y la juventud en la región.

UNSCH

Por otro lado, la 56° disposición complementaria autoriza a los pliegos 516 de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga a utilizar durante el presente ejercicio presupuestal, previa aprobación mediante acuerdo del Consejo Universitario, los recursos que perciban por ingresos provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera, para destinarlos a la construcción, rehabilitación, reparación de las infraestructuras y equipamiento de los pliegos.

Compra de seguro para la infraestructura de Río Cachi

La 30° disposición dispone además que el pliego que tiene a su cargo el proyecto especial de Río Cachi, debe priorizar la contratación de seguros para la infraestructura que resulte de la ejecución de los proyectos de inversión pública en su ámbito.

Dicha contratación debe hacerse con cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.


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