15 de diciembre de 2010.- La parlamentaria Juana Huancahuari señaló que existen cuestionamientos de fondo al dictamen de Ley Forestal que mantendría el espíritu del decreto legislativo 1090, cuestionada norma que originó el llamado Baguazo, en junio de 2009.
Para la legisladora, la Comisión se ha valido de formalismos para impulsar la aprobación de un dictamen que responde a los intereses de inversionistas privados, como realizar audiencias públicas a las que denominó paradójicamente “proceso de consulta” a los pueblos indígenas amazónicos.
Manifestó que tanto Aidesep como Conap, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Environmental Investigation Agency (EIA), han formulado sugerencias, observaciones y análisis al contenido del proyecto de Ley Forestal y que han sido de conocimiento de los que presiden la Comisión Agraria.
No obstante, para Huancahuari, la Comisión debió haber garantizado una efectiva participación de la representación indígena en la discusión de la norma, que parte de la aprobación de la Ley de Consulta, actualmente observada por el presidente García.
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