Parlamentarios de diversas bancadas políticas presentaron al Tribunal Constitucional (TC) una Demanda de Inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1097, que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.
El pedido está suscrito por 37 legisladores pertenecientes al Partido Nacionalista Peruano (PNP), Bloque Popular, UPP y Alianza Parlamentaria.
Tras cuestionar y calificar de ambivalentes las declaraciones del ministro de Justicia, Víctor García Toma, el legislador Abugattás Majluf (PNP) sostuvo que en un Estado de derecho no se pueden permitir leyes que lleven nombre propio y que contravengan la Convención Interamericana de DDHH.
Solicitó al presidente del TC, Carlos Mesía Ramírez, que juzgue y se pronuncie sobre este tema de acuerdo a ley y en el corto plazo.
A su turno, Mesía Ramírez explicó que la demanda será trasladada a un órgano de control constitucional cuya respuesta se dará en un plazo de 60 días, en base a la argumentación jurídica, con neutralidad e independencia.
“Simplemente se verá si la ley es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de protección de los derechos constitucionales”, precisó.
Por su parte, el legislador nacionalista Freddy Otárola recordó que el día de hoy se difundió un pronunciamiento del relator para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que sostiene que el DL 1097 fomenta la impunidad y significa una violación a los Derechos Humanos. "No olvidemos que el Perú acudió a la Corte de la Haya para rescatar los terrenos secuestrados por Chile, debemos dar ejemplo de cumplimiento del derecho internacional", dijo.
En tanto, la congresista por Ayacucho, Juana Huancahuari, advirtió que “mientras se encuentre vigente el mencionado decreto, intentarán acogerse los responsables de las masacres de Barrios Altos, Accomarca y otros.
“Mientras tanto, aún no se identifica a los responsables de matanzas como Putis, donde cien desenterrados esperan justicia. Se estima que incluso hay 300 víctimas más por desenterrar en este caso”, remarcó.
Puntos cuestionables
Cabe mencionar, que la demanda presentada contempla como puntos vulnerados el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución sobre la igualdad ante la ley, así como los artículos 103º, 104º referidos a la emisión de normas que no generen desigualdad, y el exceso en la delegación de facultades, pero en especial contempla diversos artículos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen carácter vinculante y rango Constitucional.
Con información de Con nuestro Perú
El pedido está suscrito por 37 legisladores pertenecientes al Partido Nacionalista Peruano (PNP), Bloque Popular, UPP y Alianza Parlamentaria.
Tras cuestionar y calificar de ambivalentes las declaraciones del ministro de Justicia, Víctor García Toma, el legislador Abugattás Majluf (PNP) sostuvo que en un Estado de derecho no se pueden permitir leyes que lleven nombre propio y que contravengan la Convención Interamericana de DDHH.
Solicitó al presidente del TC, Carlos Mesía Ramírez, que juzgue y se pronuncie sobre este tema de acuerdo a ley y en el corto plazo.
A su turno, Mesía Ramírez explicó que la demanda será trasladada a un órgano de control constitucional cuya respuesta se dará en un plazo de 60 días, en base a la argumentación jurídica, con neutralidad e independencia.
“Simplemente se verá si la ley es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de protección de los derechos constitucionales”, precisó.
Por su parte, el legislador nacionalista Freddy Otárola recordó que el día de hoy se difundió un pronunciamiento del relator para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que sostiene que el DL 1097 fomenta la impunidad y significa una violación a los Derechos Humanos. "No olvidemos que el Perú acudió a la Corte de la Haya para rescatar los terrenos secuestrados por Chile, debemos dar ejemplo de cumplimiento del derecho internacional", dijo.
En tanto, la congresista por Ayacucho, Juana Huancahuari, advirtió que “mientras se encuentre vigente el mencionado decreto, intentarán acogerse los responsables de las masacres de Barrios Altos, Accomarca y otros.
“Mientras tanto, aún no se identifica a los responsables de matanzas como Putis, donde cien desenterrados esperan justicia. Se estima que incluso hay 300 víctimas más por desenterrar en este caso”, remarcó.
Puntos cuestionables
Cabe mencionar, que la demanda presentada contempla como puntos vulnerados el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución sobre la igualdad ante la ley, así como los artículos 103º, 104º referidos a la emisión de normas que no generen desigualdad, y el exceso en la delegación de facultades, pero en especial contempla diversos artículos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen carácter vinculante y rango Constitucional.
Con información de Con nuestro Perú
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