Paz y Esperanza denuncia pretensión de impunidad del gobierno peruano
La Asociación Paz y Esperanza manifiesta ante la opinión pública su preocupación y alarma ante la dación de los Decretos Legislativos Nº 1094, 1095, 1096 y 1097 emitidos por el Poder Ejecutivo haciendo mal ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso en virtud de la ley Nº 29548.
Paz y Esperanza denuncia que con estas normas se pretende favorecer a sujetos que vienen siendo investigados y juzgados por graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado vivido en nuestro país.
El contenido de estas normas constituye un verdadero retroceso en materia de la defensa, promoción y vigencia de los derechos humanos en el Perú, así como una amenaza para el derecho a la verdad consagrado normativamente en el ámbito nacional e internacional, y por el que han luchado y siguen bregando miles de familiares de personas desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente, y torturados en nuestro país. Llamamos particularmente la atención porque crímenes atroces como la masacre de Putis (Ayacucho), ejecutada por integrantes del Ejército Peruano, y en la que se asesinó a más de 100 personas la mayoría niñas, niños y mujeres, pueden quedar impunes, lo que representaría una barbaridad más, avalada por el actual gobierno en alianza con otros sectores promueven la impunidad.
Milton Campos, abogado de la Asociación Paz y Esperanza, declaró que “los decretos legislativos contravienen criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que administra justicia en amparo de los mismos a nivel supranacional”. Se refirió específicamente al decreto legislativo 1097, que establece una serie de mecanismos que posibilitan la libertad inmediata de los procesados o la “cárcel dorada”, así como el archivamiento y prescripción de los delitos de Lesa Humanidad, so pretexto del adelanto de la aplicación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal.
“Eso en realidad constituye una amnistía encubierta y debiera ser rechazada por la gran mayoría de ciudadanos que estamos contra el crimen y sentimos repulsa frente a quienes quieren torcer el derecho y se burlan de la dignidad de nuestro prójimo”, indicó el abogado Campos.
La Asociación Paz y Esperanza es una institución evangélica que patrocina a familiares de víctimas de violación de los derechos humanos, en investigaciones y procesos judiciales de delitos cometidos en las décadas de 1980 al 2000, en regiones como Ayacucho, Huánuco, San Martín, Apurímac, Junín, Huancavelica y Lima.
Su identificación y compromiso con las víctimas de casos como Huarapite, Putka, Callqui, entre otros, motiva que levante su voz de protesta y exija la derogatoria de los referidos decretos legislativos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario