La organización Adher instó a fiscales y jueces en las investigaciones y procesos en curso a no aplicar el decreto legislativo 1097 respecto al sobreseimiento (archivo) y prescripción de los casos en mérito a las facultades constitucionales que tienen los magistrados como es el control difuso y señalen su inconstitucionalidad haciendo respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los fallos del Tribunal Constitucional.
Los decretos legislativos emitidos son contrarios a los derechos humanos y vulneran el derecho de las victimas de encontrar justicia.
En ese sentido, pondrán en conocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la promulgación del decreto 1097 que pretende cerrar todas las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran en marcha.
En ese sentido, pondrán en conocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la promulgación del decreto 1097 que pretende cerrar todas las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran en marcha.
Varios de los casos que patrocina ADHER podrían verse afectados por este decreto, como son la masacre de 69 personas en Accomarca, el asesinato de 7 pobladores en Pucayacu, la ejecución de 23 campesinos en Chilcahuaycco, el asesinato de 8 periodistas en Uchuraccay así como el caso Huanta (que abarca la desaparición forzada y asesinato de más de un centenar de personas en la provincia de Huanta, entre los que destacan: la desaparición forzada del periodista del diario La República Jaime Ayala, la matanza de 43 comuneros de Culluchaca, entre otros.
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