Mesías Heli Julca Trisolini (Director Ejecutivo), Vladimir Amilkar Giles Mendoza (Asesor Legal), Ernesto Plejanov Bautista Ayala (Jefe Zonal de Ayacucho Sur), Félix Guillermo Ipurre Palomino (director de Supervisión), así como los directores de Obras y Estudios, Mario César Pizarro Quispe y Andrés Norlan Sandoval Carpio, figuran en esta relación.
También están denunciados Elder Arturo Yáñez Campos, Ricardo Dagoberto Sánchez Carlessi, Andrés Barrientos Vicente, Walter Olivera Marocho, Jorge Luis Camino Condori, Félix Rolando Mendoza Rojas, Luis Alberto Aréstegui Quispe, Alipio Quispe Bellido, Carlos Augusto Flores Alvizuri y Marco Anaya Espinoza.
El Órgano de Control Institucional del ministerio ha solicitado a la Procuraduría interponer las acciones civiles y penales en contra de estas personas por los delitos de peculado y colusión ilegal.
Caso del puente Cabana Sondondo
Las irregularidades detectadas por las instancias del mismo PESCS y del ministerio en la construcción del puente Cabana Sondondo son gravísimas en la que están implicados el consorcio San Pedro, ejecutor de la obra, la empresa Hidroingeniería SRL que estaba encargada de la supervisión, y funcionarios del PESCS.
Entre los cargos figura no haber resuelto el contrato oportunamente a raíz del incumplimiento del calendario de avance de obra por parte del contratista y además por haber realizado pagos por partidas no ejecutadas y por otras que fueron sobrevaloradas.
Caso del puente Incachaca
El caso de la construcción del puente Incachaca Vilcashuamán es aún peor porque se inició la obra sin aprobarse el expediente técnico. Además, se hizo entrega de adelanto directo por más de un millón de soles en forma ilegal, y por si fuera poco, se depositó dinero del Estado en la cuenta personal del ex director ejecutivo Mesías Julca.
Las irregularidades cometidas por estos funcionarios alcanzan otras obras en la región, tales como la carretera Santa Ana-Huanacopampa, la irrigación Millpo Tintay, etc.
A inicios de año, el PESCS despidió a siete trabajadores y les abrió sanciones administrativas, de los cuales, por el momento, el abogado Carlos Augusto Flores Alvizuri ha conseguido reincorporarse, gracias a un recurso de amparo. Los otros seis han presentado demanda de nulidad de despido.
La congresista Juana Huancahuari viene siguiendo atentamente este escandaloso caso en que se han perjudicado a miles de pobladores por las obras inconclusas.
“A pesar de contar con todas las pruebas que los señalan como responsables, resulta lamentable que desafortunadas decisiones de algunos jueces permitan que malos funcionarios se reenganchen en otras entidades del Estado”, manifestó.
DATOS.-
El Órgano de Control Institucional del ministerio ha solicitado a la Procuraduría interponer las acciones civiles y penales en contra de estas personas por los delitos de peculado y colusión ilegal.
Caso del puente Cabana Sondondo
Las irregularidades detectadas por las instancias del mismo PESCS y del ministerio en la construcción del puente Cabana Sondondo son gravísimas en la que están implicados el consorcio San Pedro, ejecutor de la obra, la empresa Hidroingeniería SRL que estaba encargada de la supervisión, y funcionarios del PESCS.
Entre los cargos figura no haber resuelto el contrato oportunamente a raíz del incumplimiento del calendario de avance de obra por parte del contratista y además por haber realizado pagos por partidas no ejecutadas y por otras que fueron sobrevaloradas.
Caso del puente Incachaca
El caso de la construcción del puente Incachaca Vilcashuamán es aún peor porque se inició la obra sin aprobarse el expediente técnico. Además, se hizo entrega de adelanto directo por más de un millón de soles en forma ilegal, y por si fuera poco, se depositó dinero del Estado en la cuenta personal del ex director ejecutivo Mesías Julca.
Las irregularidades cometidas por estos funcionarios alcanzan otras obras en la región, tales como la carretera Santa Ana-Huanacopampa, la irrigación Millpo Tintay, etc.
A inicios de año, el PESCS despidió a siete trabajadores y les abrió sanciones administrativas, de los cuales, por el momento, el abogado Carlos Augusto Flores Alvizuri ha conseguido reincorporarse, gracias a un recurso de amparo. Los otros seis han presentado demanda de nulidad de despido.
La congresista Juana Huancahuari viene siguiendo atentamente este escandaloso caso en que se han perjudicado a miles de pobladores por las obras inconclusas.
“A pesar de contar con todas las pruebas que los señalan como responsables, resulta lamentable que desafortunadas decisiones de algunos jueces permitan que malos funcionarios se reenganchen en otras entidades del Estado”, manifestó.
DATOS.-
También están denunciados los representantes del Consorcio Pampas (puente Incachaca) Fortunato Víctor Benavente y Zoila Mercedes Fuentes Reynafarje, así como de la empresa consultora HB Contratistas, Hermann Briceño Figueroa y Eli Córdova Vilela.
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